
Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, informó sobre la próxima remisión de una carta al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, dirigida a solicitar el perfeccionamiento del sistema de inspección y control relacionado con la Ley de la Cadena Alimentaria. El objetivo de esta medida es asegurar la plena aplicación de esta normativa, que permite garantizar precios adecuados para los productos primarios y refuerza la protección de los productores, según detalló la Delegación del Gobierno y reportó el medio.
Según consignó la fuente, Blanco reiteró el compromiso del Ejecutivo central con los agricultores y ganaderos gallegos, al señalar que el Gobierno informará de manera regular sobre el avance de las negociaciones internacionales con Mercosur y sobre el análisis del desarrollo de la Política Agraria Común (PAC). Esta comunicación frecuente y constante se realizará directamente con las organizaciones agrarias, buscando responder a las preocupaciones que el sector ha manifestado sobre el impacto de los acuerdos internacionales y la situación de la PAC en el ámbito rural gallego.
El delegado realizó estos anuncios tras un encuentro con representantes de agricultores y ganaderos de la provincia de Ourense, desarrollado en la Subdelegación del Gobierno. El medio explicó que también participó en la reunión Eladio Santos, subdelegado en la provincia, y que la sesión se llevó a cabo en un entorno caracterizado por el diálogo y la colaboración entre las partes.
Durante el intercambio, Pedro Blanco indicó que el Gobierno central reconoce muchas de las demandas que el sector ha presentado. A nivel sanitario, transmitió su respaldo a la solicitud para implementar la vacunación preventiva del ganado bovino frente a la dermatosis nodular y otras enfermedades. Este reclamo, descrito como prioritario por parte del sector, será llevado también ante las instituciones europeas con la intención de fortalecer la prevención y la seguridad sanitaria en las explotaciones productivas, según relató la Delegación a los medios.
La Delegación manifestó que las medidas propuestas y las solicitudes del sector rural gallego serán trasladadas, por parte del delegado del Gobierno, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta iniciativa busca que los temas sean examinados y defendidos ante las instancias responsables, tanto nacionales como europeas. El ambiente de la reunión fue definido desde la Delegación como positivo, orientado a la búsqueda de acuerdos y entendimientos para afrontar las dificultades que denuncian los profesionales del campo.
Representantes de los ganaderos, por su parte, optaron por no emitir valoraciones públicas tras el encuentro. Esta postura se produjo el mismo día en que el sector decidió bloquear la entrada a la Subdelegación del Gobierno de Ourense, movilizando 150 tractores en distintos puntos de la provincia, con la intención de acceder a la ciudad. El medio añadió que la protesta se desarrolló bajo los lemas “Gandeiros Unidos. Sen campo, a cidade non come” y “Basta xa. Están a matar o rural”.
Las movilizaciones han persistido durante cerca de dos semanas en las inmediaciones de la Subdelegación, con reclamos motivados principalmente por el descontento ante el preacuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y la reivindicación de una PAC que sea considerada por el sector como justa. Los manifestantes buscan que las instituciones atiendan el impacto que los compromisos internacionales podrían tener en la rentabilidad y las condiciones de los productores de Galicia.
Tal como publicó la Delegación del Gobierno en Galicia, la atención a las demandas del sector rural abarca tanto el seguimiento y comunicación sobre negociaciones internacionales, como la revisión de los procedimientos de control del sistema alimentario nacional. El énfasis puesto sobre la Ley de la Cadena Alimentaria responde al interés por garantizar que el cumplimiento efectivo de la legislación garantice precios adecuados y mejores condiciones para los trabajadores rurales.
Las acciones anunciadas se inscriben en medio de un contexto de presión creciente por parte de los colectivos de agricultores y ganaderos, quienes han intensificado sus protestas y demandas de intervención y respaldo institucional. De acuerdo con la información proporcionada, persiste una postura crítica del sector frente a la política agrícola europea y los acuerdos con bloques económicos externos, considerada insuficiente para proteger la viabilidad del medio rural y la producción agraria en Galicia.
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