Venezuela recuerda a EEUU que Maduro tiene inmunidad como jefe de Estado

El fiscal Tarek William Saab acusa a Estados Unidos de atentar contra normas internacionales y derechos fundamentales tras la captura de Nicolás Maduro, señalando que la operación constituye un crimen de guerra y demanda su liberación inmediata junto a su esposa

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La conformación de una comisión especial para investigar la muerte de decenas de personas, tanto civiles como militares, durante la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, ha sido una de las primeras respuestas institucionales tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa. Así lo anunció el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien destacó que el equipo estará integrado por tres fiscales y tendrá el objetivo de reconstruir los hechos y recabar datos sobre las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos. Según reportó el medio que cubrió la intervención de Saab, el fiscal calificó el operativo de Estados Unidos como una “agresión inusitada contra la patria venezolana” y sostuvo que constituye un crimen de guerra.

En su intervención pública, previa a este anuncio, el fiscal general denunció que la captura de Maduro constituye una violación al Derecho Internacional, subrayando que en su carácter de jefe del Estado venezolano, el mandatario posee inmunidad. “La inmunidad del presidente no es solo una prerrogativa personal o individual sino un principio de rango constitucional de escala universal, y una norma fundamental del derecho Internacional”, declaró Saab. De acuerdo con la información difundida por la fuente noticiosa, el funcionario remarcó que la acción estadounidense “deja literalmente a las puertas de la agonía al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos”.

Saab exhortó a las autoridades de Estados Unidos a liberar de forma inmediata y sin condiciones tanto a Nicolás Maduro como a su esposa, sosteniendo que su detención carece de legitimidad y resulta incompatible con la legislación internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución de los Estados Unidos. Señaló, según detalló el medio, que cualquier procedimiento en estas circunstancias resulta “totalmente nulo”.

Durante la rueda de prensa, el fiscal general reconoció la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela luego de la detención de Maduro, mostrando su apoyo al nuevo liderazgo. Señaló la importancia de la “cooperación entre poderes públicos” y la definió como un pilar constitucional esencial para la preservación de la paz democrática en el país.

El medio también reportó que Saab insistió en la gravedad de las consecuencias humanas que acompañaron el operativo estadounidense. Habló de decenas de víctimas mortales, civiles y militares, y anticipó que la comisión especial que coordinará el Ministerio Público tendrá la misión de asegurar el esclarecimiento de todos los aspectos relacionados con estos fallecimientos, considerando los hechos como parte de un “crimen de guerra”.

La denuncia de Saab ante la comunidad internacional pone el foco en el principio de inmunidad de los jefes de Estado, considerado por el fiscal no solo como una cuestión de derechos individuales, sino como un componente central del ordenamiento jurídico internacional. Así, el funcionario planteó que la actuación de Washington contra Maduro afecta normas ampliamente reconocidas y compromete los instrumentos internacionales de protección de derechos fundamentales.

La reacción de las instituciones venezolanas, relatada en los reportes de los medios que cubrieron las declaraciones de Saab, ha incluido tanto la solicitud formal a Estados Unidos para revertir la detención como el despliegue de mecanismos internos de investigación y garantía institucional. Al mismo tiempo, se subraya la conexión entre la acción militar extranjera y la crisis en materia de derechos humanos, que alcanza tanto a quienes lideran el Estado como a la población civil y militar del país.

La nota de la fuente también recoge cómo la Fiscalía enmarca las muertes asociadas a esta acción como consecuencia directa de la intervención, y establece la responsabilidad de esclarecer los hechos y buscar justicia para las víctimas. Todo esto se produce en un momento en el que los principales órganos de Venezuela se reconfiguran tras la detención de Maduro y su esposa.

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