Las autoridades británicas confiscarán teléfonos móviles a migrantes que crucen el canal de la Mancha

Las fuerzas del orden en Reino Unido aplican desde hoy nuevas facultades para incautar dispositivos y tarjetas SIM a quienes ingresen sin autorización, buscando obtener datos sobre traficantes y detener operativos ilegales con mayor rapidez, según Interior británico

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El inicio de la aplicación de nuevas medidas en el centro de procesamiento de migrantes de Manston en Kent ocurre en paralelo al despliegue de tecnología destinada a extraer información de los dispositivos electrónicos intervenidos. Según informó el Ministerio del Interior británico este lunes, las fuerzas de seguridad del Reino Unido comenzaron a aplicar facultades ampliadas para incautar teléfonos móviles y tarjetas SIM a personas que crucen el canal de la Mancha sin la debida autorización, con el propósito de identificar redes de tráfico de personas y detener actividades ilegales de manera más ágil.

El anuncio, realizado a través de un comunicado en el perfil de la red social X del propio Ministerio del Interior, detalla que los agentes ya no requieren detener formalmente a los migrantes para tomar posesión de sus dispositivos electrónicos. Según publicó la BBC, estas acciones se concretan mediante inspecciones en las que funcionarios pueden pedir a los migrantes que retiren abrigos e incluso revisar el interior de sus bocas buscando tarjetas SIM antes de acceder a la información almacenada. Las autoridades consideran que la extracción de datos permitirá perseguir y arrestar rápidamente a los responsables de las redes de tráfico de personas.

El Ministerio del Interior británico enfatizó que estas nuevas facultades amplían la capacidad policial para recabar pruebas y datos clave que puedan servir en investigaciones enfocadas a judicializar a los cabecillas de las bandas de traficantes. Según consignó el medio británico, la tecnología desplegada en Manston posibilita la descarga inmediata de información de los teléfonos y las tarjetas incautadas, lo que busca acelerar la investigación sobre operaciones de tráfico de personas y desarticular patrones delictivos ligados a la inmigración ilegal.

Por otra parte, el Ministerio del Interior subrayó que el marco de las nuevas medidas contempla penas de hasta 14 años de prisión para quienes almacenen o transporten objetos como motores de botes, utilizados para trasladar migrantes sin documentos al Reino Unido. “Con estos nuevos poderes, las fuerzas del orden pueden acusar a sospechosos de este delito, fortaleciendo así los esfuerzos para disuadir a las bandas de contrabandistas y proteger nuestras fronteras”, remarcó el Ministerio en la información compartida.

El responsable de la Seguridad Fronteriza, Alex Norris, manifestó que estas acciones derivan del compromiso del gobierno de “restablecer el orden y el control” en las fronteras del país, priorizando el enfrentamiento a las redes dedicadas al tráfico de seres humanos. Norris expresó que la implementación de estas leyes más rigurosas apunta a facilitar la intervención y desarticulación acelerada de estas estructuras y a cortar las cadenas logísticas que sostienen su funcionamiento.

El incremento de las llegadas irregulares a través del canal de la Mancha se ha convertido en un asunto central en el debate nacional británico sobre inmigración. Las autoridades buscan fortalecer la presión sobre las redes de tráfico mediante el uso de la tecnología y la ampliación de las herramientas legales y policiales disponibles. Según detalló la BBC, el uso de los nuevos dispositivos en el centro migratorio de Kent marca el inicio de una estrategia más amplia orientada a frenar el flujo migratorio irregular hacia el Reino Unido.

De acuerdo con el mensaje oficial difundido en las redes del Ministerio del Interior, la recolección ágil de datos de dispositivos intervenidos permitirá actuar “lo antes posible” contra los traficantes, contribuyendo no solo a la judicialización sino también a la prevención de futuras operaciones ilegales en la región. El endurecimiento de las penas y la sistematización de la incautación electrónica forman parte de una política más restrictiva encabezada por el Ejecutivo británico en respuesta al incremento de cruces no autorizados en el canal que divide a Inglaterra del continente.