La Red Europea de Lucha contra la Pobreza pide priorizar en 2026 las políticas de vivienda y contra la pobreza infantil

El fenómeno de la aporofobia, entendido como el rechazo a las personas en situación de pobreza, permanece como una prioridad para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), que plantea un enfoque a futuro ante la posibilidad de una directiva europea orientada a prevenir y combatir la discriminación por motivos de vulnerabilidad socioeconómica. Este desafío se encuadra dentro de un contexto de cifras récord de exclusión social en España, donde la organización urge la puesta en marcha de nuevas políticas públicas y la actualización de estrategias existentes. Según información divulgada por EAPN-ES y reportada por el medio, la red ha solicitado a las instituciones dar prioridad en el año 2026 a políticas de vivienda y empleo digno, así como actuar en el corto plazo ante la situación de alarmante pobreza infantil en el país.

En línea con este llamado, EAPN-ES ha difundido datos tomados de su XV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, el cual expone que más de 12,5 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Aunque el porcentaje ha experimentado una leve mejoría respecto a años anteriores, permanece por encima del 25% de la población desde hace más de una década, destacó el organismo y reprodujo el medio consultado. EAPN-ES detalló que la magnitud del problema se agrava por la persistencia de los hogares en situación de pobreza severa, los cuales suman 4,1 millones de personas. Estas familias sobreviven con menos de 644 euros mensuales por cada unidad de consumo, un umbral que muestra las dificultades para cubrir las necesidades básicas.

El medio precisó que la infancia figura especialmente afectada, ya que cerca de 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes padecen pobreza infantil, el registro más elevado de toda la Unión Europea. Ante este escenario, la organización destaca que las políticas públicas desplegadas hasta el momento no logran alcanzar la intensidad suficiente para aliviar la situación de quienes atraviesan pobreza severa o para revertir los niveles crecientes de vulnerabilidad en las nuevas generaciones. Junto a estos indicadores, EAPN-ES señala también la existencia de un mercado laboral que mantiene su carácter precario, una crisis habitacional persistente y un aumento sostenido del coste de la vida, factores todos ellos que obligan a los hogares con menos ingresos a disminuir el consumo de productos básicos, como pescado, carne de calidad y alimentos especiales para bebés.

Según evaluó EAPN-ES en los datos difundidos por el medio, la mejora de algunos indicadores macroeconómicos registrada en los últimos años no se traduce en mejores condiciones para la población mientras no se enfoque en fortalecer la inversión social y la función protectora del Estado. La agrupación aclara que para lograr avances en materia de cohesión social y territorial resulta imprescindible destinar recursos y reforzar las políticas dirigidas a quienes se encuentran en mayor riesgo de exclusión.

En este marco, la red ha solicitado a los partidos políticos que avancen en la aprobación para el año 2026 del Pacto de Estado contra la Pobreza, una iniciativa que, según señala, permanece detenida en el Congreso. La organización argumenta que dicho pacto debe incorporar acciones concretas para garantizar ingresos suficientes a lo largo de toda la vida, incluyendo el establecimiento de una prestación universal por crianza, así como asegurar una vivienda digna, acceso a empleo de calidad, educación inclusiva y el desarrollo de políticas migratorias que respeten los derechos humanos. Además, subraya la importancia de actuar en los ámbitos de cuidados y corresponsabilidad, trabajar por una transición justa y favorecer una gobernanza participativa en todos los niveles.

De acuerdo con información transmitida por EAPN-ES, la aprobación del citado pacto se integraría al marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, puesta en marcha por el Gobierno un año atrás pero que, según la entidad, aún no dispone de recursos suficientes para su correcta implementación. Esta falta de dotación es señalada como una de las barreras que impiden un avance más contundente en la reducción de la pobreza.

El medio explicó que la organización se compromete a mantener la lucha contra la aporofobia como un eje clave en su agenda para el año 2026, con el objetivo de contribuir al desarrollo de herramientas legales que enfrenten la discriminación basada en la condición socioeconómica de las personas. EAPN-ES también formula demandas específicas al ámbito internacional, reafirmando su condena a las situaciones en Palestina y advirtiendo sobre el uso de la pobreza y el hambre como instrumentos en escenarios de conflicto. La entidad alude a la responsabilidad de la Unión Europea y sus Estados miembros e insta a que adopten medidas firmes para exigir el respeto del derecho internacional humanitario tanto en Palestina como en otras zonas afectadas por enfrentamientos armados.

EAPN-ES, según recoge el medio, hace énfasis en que los hogares con menos recursos experimentan un impacto desproporcionado ante el encarecimiento del nivel de vida. En este sentido, la organización recalca que las familias se ven forzadas a reducir o eliminar el consumo de bienes que resultan esenciales para una dieta equilibrada y para el desarrollo infantil, debido a la presión que los precios ejercen sobre sus economías domésticas. Esta realidad, para la red, demuestra la necesidad de orientar el crecimiento económico hacia una mayor justicia social y una protección efectiva de los sectores más vulnerables.

En suma, la entidad sostiene su reclamación de una respuesta urgente y coordinada de parte de las autoridades políticas, al considerar que la persistencia de altas tasas de pobreza y exclusión social no puede abordarse con medidas aisladas o insuficientes. Aboga por que el debate público y la acción política se orienten hacia la articulación de políticas capaces de garantizar derechos fundamentales y mejorar el bienestar de la población en riesgo, siguiendo las directrices establecidas en sus informes y recomendaciones.