Testimonios recopilados entre las personas desplazadas en el norte de Mozambique refieren que la huida se produjo tras la irrupción de individuos armados en sus comunidades, que atacaron a residentes, incendiaron viviendas y forzaron a muchos a escapar de forma precipitada, sin lograr reunir pertenencias, e incluso perdiendo de vista a sus hijos en medio de la confusión. Esta sucesión de ataques atribuidos al grupo Estado Islámico en África Central ha provocado, según reportó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que cerca de 100.000 personas hayan sido desplazadas en apenas dos semanas, principalmente en la provincia de Cabo Delgado y ahora también en Nampula, regiones que antes eran consideradas zonas de refugio.
De acuerdo con lo publicado por ACNUR, la escalada de violencia en el norte del país intensificó el flujo de personas forzadas a abandonar sus hogares, ampliando el conflicto hacia territorios hasta ahora ajenos a estos episodios. El organismo hizo pública su “profunda preocupación” ante la rápida multiplicación de necesidades básicas entre la población desplazada, en contraste con la limitada capacidad de respuesta de las agencias humanitarias y autoridades locales, que no alcanzan a cubrir la demanda.
Las causas del desplazamiento masivo se vinculan directamente con los ataques perpetrados desde 2017 en Cabo Delgado, una región que ha visto cómo la violencia yihadista generó el desplazamiento de más de 1,3 millones de personas en los últimos años. La reciente expansión hacia Nampula, según consignó ACNUR, representa una amenaza adicional para comunidades que hasta ahora servían de acogida a quienes huían desde zonas vecinas, quedando ahora también expuestas.
La información proporcionada por el organismo da cuenta de una población desplazada que, en muchos casos, debió abandonar sus localidades sin documentación ni bienes, lo que dificulta su acceso a servicios básicos y atenta contra sus garantías de protección. El informe resalta que la ausencia de rutas de escape seguras incrementa los riesgos para estas familias, en particular para mujeres y niñas, quienes enfrentan mayores posibilidades de sufrir explotación o abuso.
A su llegada a zonas consideradas seguras, el panorama para los desplazados sigue resultando dificultoso. Escuelas, iglesias y otros espacios públicos, detalló ACNUR, albergan a familias recién llegadas bajo condiciones de hacinamiento. Muchas de estas personas duermen a la intemperie, y la falta de iluminación y privacidad en los refugios incrementa la vulnerabilidad de mujeres y niñas ante la violencia sexual y de género. Además, las personas mayores y quienes viven con alguna discapacidad encuentran numerosos obstáculos, ya que los espacios existentes no cuentan con las adecuaciones necesarias para su tránsito y bienestar, informó el mismo organismo.
El colapso de los servicios básicos también genera presión añadida sobre las comunidades receptoras, que según expresó ACNUR, se encontraban ya en situación frágil debido a la inseguridad persistente en la región y la escasez de recursos. El organismo advirtió que, incluso en áreas consideradas como seguras, los recién llegados siguen enfrentando riesgos notorios asociados a la falta de protección civil y a la sobrecarga de recursos locales.
En respuesta a la emergencia, ACNUR instó a la comunidad internacional a incrementar el apoyo destinado al norte de Mozambique. El organismo anticipó que requerirá 38,2 millones de dólares (alrededor de 32,9 millones de euros) en el año 2026 para atender las crecientes necesidades de la población desplazada en la zona. Este año, detalló ACNUR, la financiación obtenida representa solo el 50 por ciento de los 42,7 millones de dólares (alrededor de 38,7 millones de euros) inicialmente presupuestados para la asistencia humanitaria.
El aumento de la violencia en las provincias del norte, las restricciones para acceder a servicios esenciales, las condiciones de hacinamiento en refugios improvisados y la insuficiencia de recursos para responder a la emergencia definen una crisis humanitaria en evolución, según las reiteradas alertas emitidas por ACNUR.
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