ERC lleva al Senado una ley para permitir que las CCAA y los ayuntamientos se endeuden en caso de catástrofes o crisis

La propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para modificar el marco legal que regula la estabilidad presupuestaria de comunidades autónomas y ayuntamientos contempla que aquellas entidades locales que hayan registrado superávit presupuestario y cumplan los objetivos de sostenibilidad financiera, además de tener un remanente de tesorería positivo, puedan exceder los límites de gasto habitual en determinados contextos. Según ha detallado Europa Press, esta iniciativa no prevé que estos gastos adicionales sean de carácter estructural, de forma que solo podrían aplicarse en circunstancias excepcionales y mantener así la estabilidad de las cuentas públicas.

La medida, cuyo debate en el pleno del Senado está previsto para el miércoles, solicita que tanto el Estado como las comunidades autónomas y los gobiernos locales tengan la capacidad de incurrir en déficit estructural en situaciones de catástrofes naturales, emergencias o crisis económicas que dañen notablemente la salud financiera y la sostenibilidad social y económica de estos territorios. El medio Europa Press informó que la iniciativa surge a partir de la propuesta de modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en concreto los apartados 3 y 4 del artículo 11, con el requerimiento de establecer un plan de reequilibrio de medio plazo para quienes apliquen estas flexibilizaciones. En el caso de los ayuntamientos, la condición será mantener un nivel de endeudamiento inferior al 110% de sus ingresos corrientes.

Europa Press señala que el texto de la proposición incluye la introducción de un nuevo apartado 6 en el artículo 12. Esta enmienda permitiría a los consistorios beneficiados por superávit presupuestario llevar a cabo gastos adicionales por encima del límite impuesto por la regla de gasto, siempre condicionados a la no estructuralidad de esos desembolsos y al cumplimiento de sostenibilidad tanto en la deuda pública como en la deuda comercial. La intención, de acuerdo con la formación proponente, busca asegurar que cualquier aumento de gasto permanezca dentro del marco de la estabilidad presupuestaria vigente.

En cuanto al manejo del superávit, la iniciativa de ERC plantea que las administraciones públicas que mantengan un nivel de endeudamiento por debajo del máximo legal establecido queden exentas de la obligación de destinar la totalidad del superávit a la reducción de la deuda pública, tal y como detalló Europa Press. Sin embargo, la proposición establece que el pago de intereses y capital de la deuda continuará teniendo prioridad absoluta frente a otros tipos de gasto, salvo en ejercicios en los que se registren situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales o sanitarias. Además, quedarán exceptuadas de esta prioridad las administraciones que acrediten cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El uso de los remanentes de tesorería municipales en el pago de la deuda constituye un tema recurrente entre los distintos grupos representados en el Senado. El pasado octubre, el Partido Popular —que posee mayoría absoluta en la Cámara Alta— y ERC apoyaron conjuntamente una moción de Junts que buscaba autorizar a los ayuntamientos a destinar los remanentes de tesorería a proyectos considerados de utilidad para la ciudadanía, eliminando así la obligación legal de emplearlos exclusivamente para amortizar deuda. Según informó Europa Press, esta medida recibió el respaldo también de fuerzas como Compromís, Geroa Bai, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, mientras que fue rechazada por el PSOE y contó con la abstención de partidos como PNV, BNG y Más Madrid.

De acuerdo con Europa Press, la modificación normativa que se plantea implica introducir excepciones que permitan un mayor margen de maniobra a las administraciones territoriales en momentos crisis, modulando la rigidez actual del marco presupuestario. Así, el enfoque principal de la propuesta busca equilibrar la obligación de contención financiera con la necesidad de actuar ante escenarios extraordinarios que supongan un deterioro relevante de la capacidad de respuesta de los gobiernos autonómicos y locales.

Europa Press ha subrayado también que la condición principal para que los ayuntamientos dispongan de esta flexibilidad será haber presentado un balance positivo tanto en remanente de tesorería como en los objetivos de sostenibilidad financiera, además de mantener un ratio de endeudamiento inferior al umbral legal del 110% respecto de sus ingresos corrientes.

El debate generado en torno a la utilización de fondos públicos en contextos de emergencia ha situado en el centro de la discusión la búsqueda de instrumentos que permitan una gestión más ágil y ajustada a las circunstancias imprevistas. Conforme a lo informado por Europa Press, la iniciativa legislativa de ERC pone en tela de juicio la vigencia de la disciplina fiscal más restrictiva cuando situaciones excepcionales puedan comprometer la atención a las necesidades ciudadanas, al tiempo que preserva mecanismos de control para impedir un deterioro estructural de las finanzas locales y autonómicas.

El tratamiento que recibirá esta propuesta en el pleno del Senado indicará el grado de consenso de las fuerzas políticas para redefinir los equilibrios entre control fiscal y flexibilidad en caso de emergencias. Acorde a los datos recabados por Europa Press, el texto legal recoge la exigencia de planes de reequilibrio a medio plazo, reforzando con ello la obligación de recuperar la senda de estabilidad una vez superadas las situaciones de crisis.

Tras varias iniciativas recientes y negociaciones en la Cámara Alta sobre la gestión de remanentes y el uso del superávit, la deliberación sobre esta propuesta se enmarca en un contexto de debate continuado sobre la adecuación del marco fiscal a las necesidades de las entidades territoriales en circunstancias excepcionales, atendiendo tanto a criterios de responsabilidad como de suficiencia financiera para sostener la prestación de servicios esenciales a la población.