El fiscal encargado del caso ha argumentado que la condición de estar en el Gobierno permitió a los acusados cometer los delitos que ahora se les imputan, explicando que "ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal" y que la justicia debe aplicarse de modo imparcial. Esta postura se tradujo en la solicitud de prisión preventiva para los ex altos cargos, una decisión adoptada ante el riesgo de que puedan escapar ante la proximidad del juicio por la supuesta trama de mascarillas, según indicó Europa Press.
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó el ingreso provisional en la cárcel y sin derecho a fianza tanto para el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos como para su antiguo asesor Koldo García. Ambos enfrentan acusaciones por presuntas irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas adjudicados durante la pandemia de Covid-19. Tal como detalló Europa Press, se trata de la primera ocasión en la que un diputado nacional en ejercicio debe ingresar en prisión.
Durante la jornada judicial se celebraron dos vistas destinadas a evaluar las medidas cautelares existentes, que hasta ese momento consistían en la prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales ante el juez. Tras estas revisiones, Puente accedió tanto a la solicitud del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, como a las de las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, quienes consideraron que el riesgo de fuga se había incrementado notablemente ya que Ábalos y García se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión.
Según publicó Europa Press, Ábalos accedió al Tribunal Supremo por la mañana, alrededor de las 9:12, aproximadamente 45 minutos antes del horario establecido. Llegó solo y portando una mochila de cuero marrón. El ex secretario de Organización del PSOE evitó declaraciones al ingresar, aunque al término de la vista dirigió unas palabras al juez afirmando: “No tengo dinero ni a dónde ir”, en relación con el riesgo de fuga. Conforme a fuentes consultadas por la agencia, Ábalos evidenció nerviosismo y pasó las horas previas a la resolución del Supremo fumando en el patio del viejo palacio de justicia.
La defensa de Ábalos, encabezada por el abogado Carlos Bautista, argumentó ante el tribunal que el estatus de diputado del Congreso de los Diputados debiera reforzar la convicción de arraigo, negando la probable huida. Bautista añadió que enviar a prisión a su cliente antes de una sentencia supondría una vulneración del derecho a la representación política. Además, la defesa expresó su preocupación ante la posibilidad de que el ingreso en prisión sirviera de presión para forzar una confesión o colaboración, señalando el precedente del empresario Víctor de Aldama, quien hizo una declaración tras permanecer varias semanas encarcelado.
Por el lado de García, según reportó Europa Press, su llegada al Supremo ocurrió en el horario establecido acompañado de su abogada, Leticia de la Hoz. García se presentó con vaqueros, zapatillas deportivas y una mochila grande. Su defensa intentó rebajar la competencia del alto tribunal, intentando que el procedimiento regresara a la Audiencia Nacional. Argumentó también el arraigo de su cliente al país, mencionando vínculos familiares como una madre de edad avanzada y una hija pequeña, factores aludidos para descartar la posibilidad de fuga. García intervino personalmente ante el juez y aseguró: “No me voy a ir a ningún sitio”, agregando que “todos tenemos derecho a aprender poco a poco”, frase que fuentes presentes interpretaron como una admisión implícita de error.
La causa judicial se encuentra próxima a la fase de juicio tras la propuesta que hizo el magistrado Puente el 3 de noviembre, según consignó Europa Press. El proceso involucra a Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama que, presuntamente, se beneficiaron del cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión durante la emergencia sanitaria. La Fiscalía solicita una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García, a quienes atribuye delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos y uso de información privilegiada. La acusación pública también pide la imposición de una multa de aproximadamente 3,9 millones de euros para los procesados.
Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, reclaman penas máximas de hasta 30 años de prisión para ambos ex altos cargos. A los delitos considerados por la Fiscalía, estas acusaciones añaden los de prevaricación y falsedad en documento oficial. En cuanto al empresario Víctor de Aldama, la Fiscalía y las acusaciones solicitan 7 años de prisión, habiendo reducido la petición inicial debido a que su testimonio permitió destapar la supuesta trama de concesión irregular de contratos públicos que, según sostiene la acusación, habría estado encabezada por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
A lo largo de las diligencias, se han puesto de relieve elementos relativos a la situación personal de los acusados, a su acceso a recursos económicos y a sus vínculos familiares y políticos, así como se ha discutido sobre el peso específico de su cargo en la supuesta comisión de los delitos investigados, reportó Europa Press. Tanto la estrategia de la Fiscalía como las de las defensas han girado en torno al riesgo de fuga, el arraigo de los procesados y la garantía de la representación democrática, elementos que han marcado la deliberación sobre la necesidad de adoptar la medida cautelar más restrictiva.
La decisión de enviar a prisión preventiva a los dos acusados sienta un precedente judicial al tratarse de un miembro activo del Congreso, hecho que ha despertado debate sobre la protección parlamentaria y el equilibrio entre la presunción de inocencia y la necesidad de garantizar la comparecencia ante el tribunal. De momento, el proceso continuará con la preparación del juicio oral, en el que las partes definirán sus posiciones ante las acusaciones y las pruebas recogidas durante la fase de instrucción, detalló Europa Press.
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