El Ejecutivo británico prevé destinar 3.000 millones de libras (3.422 millones de euros) para ampliar la cobertura de ayudas sociales y suprimir el límite que restringía dichas prestaciones a solo dos hijos, medida que impactará principalmente en familias numerosas. A la par de este cambio en la política de bienestar social, el Gobierno busca incrementar los ingresos públicos con nuevas cargas fiscales. Según detalló el medio fuente, el Reino Unido incrementará los impuestos en 26.000 millones de libras (29.661 millones de euros) hasta el ejercicio 2029-2030 mediante la congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta durante tres años adicionales y la implementación de otras medidas impositivas.
De acuerdo con los datos difundidos, la prórroga de la congelación de umbrales implica que 780.000 personas más quedarán sujetas al tramo básico del impuesto sobre la renta en los próximos años. Asimismo, se prevé que 920.000 contribuyentes pasen al tramo superior y 4.000 otros alcancen el tramo adicional para 2029-2030. El medio fuente señala que esta acción por sí sola aportará 8.000 millones de libras (9.126 millones de euros) al Tesoro británico.
Otras medidas fiscales descritas en el presupuesto incluyen un recargo adicional sobre las contribuciones a planes de pensiones en materia de Seguridad Social, que aportará 4.700 millones de libras (5.362 millones de euros). Del mismo modo, el documento oficial prevé un incremento de dos puntos porcentuales en los gravámenes que pesan sobre dividendos, ingresos por propiedades inmobiliarias y ahorros, con una recaudación esperada de 2.100 millones de libras (2.396 millones de euros).
El presupuesto también contempla un aumento en el impuesto municipal para las propiedades de valor superior a 2 millones de libras (2,28 millones de euros), lo que, según el medio fuente, permitirá recaudar 400 millones de libras (456,3 millones de euros) en el horizonte previsto. En cuanto a los tributos sobre el juego y las apuestas, se espera que estos sumen 1.100 millones de libras (1.255 millones de euros) adicionales a las arcas públicas.
Dentro de los ajustes tributarios, el gobierno ratificó la vigencia de la reducción de cinco peniques en el impuesto a los combustibles hasta septiembre de 2026. A partir de ese momento, la reducción se eliminará gradualmente y el tributo se ajustará a la inflación. El mencionado impuesto se había mantenido sin modificaciones durante los últimos quince años, según informó el medio fuente.
Sobre el panorama económico, la responsable de Hacienda, Rachel Reeves, presentó una actualización de las previsiones macroeconómicas del país. El presupuesto ahora anticipa un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,5% en 2024, medio punto porcentual por encima de la estimación emitida en marzo. No obstante, las proyecciones para los próximos ejercicios experimentaron una revisión a la baja: se espera un avance del 1,4% en 2026, del 1,5% en 2027, del 1,5% en 2028 y del 1,5% para 2029. Estas cifras suponen una revisión a la baja respecto de las previsiones anteriores, según consignó el medio fuente.
En cuanto al endeudamiento, el presupuesto prevé que la deuda pública registre un ligero aumento, pasando del 95% actual al 96,1% del PIB durante el periodo evaluado. Además, las previsiones de inflación sufrieron una corrección al alza comparadas con las estimaciones realizadas ocho meses antes. Se proyecta que la tasa anual cierre 2025 en el 3,5% —tres décimas por encima de lo previsto—, para alcanzar el 2,5% en 2026, que representa un incremento de cuatro décimas. Posteriormente, se pronostica que la inflación converja hacia el objetivo oficial de estabilidad de precios situado en el 2% en los años siguientes.
El medio fuente subraya que las decisiones fiscales recientes responderán tanto a la necesidad de consolidar las finanzas públicas como a las perspectivas menos favorables de crecimiento y a la mayor presión sobre los precios que atraviesa la economía británica. El presupuesto elaborado destaca la doble vertiente de mayor recaudación por vía de nuevos impuestos y el incremento destinado a la protección social.
En este contexto, la eliminación del tope a las ayudas sociales representa un cambio en la orientación del gasto público, con un impacto directo sobre el déficit fiscal estimado. El medio fuente precisa que la medida suponía hasta ahora una penalización para familias con más de dos hijos, por lo que el ajuste beneficiará principalmente a este segmento poblacional a partir de su entrada en vigor.
El enfoque del gobierno señala la combinación de medidas fiscales expansivas y restrictivas en función de los compromisos asumidos en materia social y de estabilidad presupuestaria. Según el presupuesto presentado, la progresiva incorporación de nuevos contribuyentes a tramos superiores de renta, junto con el aumento de gravámenes sobre distintas fuentes de ingresos personales y corporativos, se traducirá en una mayor carga fiscal sobre los hogares y empresas en el plazo previsto.
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