El Supremo francés ratifica la condena a Nicolas Sarkozy por la financiación irregular de su campaña de 2012

El caso Bygmalion implicó la creación de empresas ficticias y la utilización de facturas falsas que permitieron eludir los límites de gasto establecidos por la legislación electoral en Francia. Tal como reportó la agencia Europa Press, Nicolas Sarkozy, expresidente francés, figura como beneficiario directo de aquel entramado, lo que resultó decisivo en la confirmación de su condena. El principal órgano judicial del país, la Corte de Casación, optó por mantener la sentencia previa que lo responsabiliza por la financiación irregular de su campaña de reelección de 2012, decisión que implica el uso de una tobillera electrónica y la obligación de cumplir una pena de seis meses de prisión domiciliaria bajo supervisión electrónica.

Según informó Europa Press, Sarkozy interpuso un recurso que fue examinado el miércoles por la Corte de Casación, la instancia judicial más alta en Francia, que desestimó los argumentos presentados por la defensa. Este fallo cierra el camino a nuevas apelaciones ordinarias y establece que el expresidente debe cumplir las sanciones determinadas sin ingresar a prisión, aunque bajo restricciones a su libertad de movimientos y con la vigilancia consecuente.

Además de esta resolución, Sarkozy acumula un historial judicial relevante. Previamente, el exmandatario había sido condenado en otro proceso relacionado con escuchas telefónicas. En ese caso, el tribunal determinó que intentó obtener ventajas indebidas mediante el soborno a un magistrado, con el objetivo de acceder a información sobre una investigación relativa a los fondos presuntamente aportados por el régimen de Muamar el Gadafi para su campaña presidencial de 2007. Europa Press indicó que, en ese proceso, Sarkozy permaneció tres meses en prisión antes de que una apelación de su defensa permitiera la imposición de medidas cautelares alternativas. Dichas restricciones incluyeron la prohibición de salir de territorio francés y la orden de no comunicarse con otras personas involucradas en la investigación.

En el caso Bygmalion, que ha sido objeto de un seguimiento judicial exhaustivo, se comprobó que el equipo de campaña de Sarkozy dirigía un esquema de simulación de contratos y prestación de servicios a través de empresas fantasma. De acuerdo con Europa Press, la finalidad era sobrepasar el límite legal de gastos previsto en la normativa electoral francesa. Esta maniobra permitió que la campaña del entonces presidente doblara el presupuesto establecido por las autoridades, responsabilizando a Sarkozy por el beneficio obtenido de tales prácticas.

El fallo del Tribunal de Casación no sólo sanciona con medidas privativas de libertad, sino que obliga al expresidente a portar una tobillera electrónica, como mecanismo de control y supervisión. Esta modalidad supone una diferencia respecto a la condena inicialmente dictada, que preveía una estancia en prisión, ya que en esta ocasión se ha optado por una restricción a la libertad personal sin ingreso efectivo en una instalación penitenciaria.

Europa Press relató que el entramado de facturación fraudulenta involucraba a diferentes actores políticos y empresariales, con el objetivo de encubrir los gastos excesivos mediante la simulación de operaciones comerciales inexistentes. Los organismos encargados de velar por la transparencia en la financiación de campañas constataron el doble del gasto autorizado por la ley, lo que sirvió de base probatoria en el proceso judicial.

Esta condena representa la segunda sentencia en firme contra Sarkozy en relación a irregularidades en su conducta como figura política, consolidando un precedente judicial sobre la vigilancia y el control del financiamiento electoral en Francia. La dirección del caso por parte de la Corte de Casación confirma que no habrá nuevas instancias judiciales ordinarias a las que recurrir, dejando a Sarkozy bajo la aplicación directa de las medidas judiciales impuestas.

El medio Europa Press expuso que las investigaciones asociadas a la financiación ilegal de líderes políticos continúan presentes en el debate público y jurídico francés, destacando el caso Bygmalion como uno de los más significativos por sus implicaciones políticas y legales en Francia en la última década.