El ministro de Asuntos Exteriores de Perú, Hugo de Zela, informó que acudirá a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington a inicios de diciembre para solicitar que el organismo aborde de forma urgente la situación de asilo de Betssy Chávez, ex primera ministra peruana, acogida en la Embajada de México en Lima. Según detalló CNN en una entrevista al ministro, el gobierno peruano optó por posponer la decisión sobre la concesión de un salvoconducto a Chávez, quien enfrenta un proceso judicial por presunta participación en el fallido autogolpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo en 2022.
De acuerdo con la información publicada por CNN, el Ejecutivo peruano buscará antes dialogar con otros Estados miembros de la OEA para recabar diversas posturas respecto a la aplicación de la Convención de Caracas de 1954, marco jurídico que regula el derecho de asilo en el continente y que México emplea como fundamento de su solicitud. De Zela remarcó en la entrevista que Perú valorará la orientación de sus pares regionales y planteará su propuesta con “la urgencia que el caso requiere”, confiando en que el tema obtenga recepción positiva en el organismo multilateral.
La decisión de postergar la autorización del salvoconducto se produce tras semanas de tensión diplomática entre Lima y Ciudad de México. Según reportó CNN, las autoridades peruanas expresan preocupación por lo que consideran un uso indebido del derecho de asilo. El gobierno peruano sostiene que, en los últimos años, el instrumento ha sido empleado para beneficiar a personas enfrentadas a investigaciones por delitos comunes, más allá de situaciones de persecución política genuina. Desde esa perspectiva, Perú subraya que la convención internacional "no debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales".
El caso de Betssy Chávez ha intensificado una crisis bilateral entre Perú y México. A principios de noviembre, el gobierno peruano decidió romper las relaciones diplomáticas con México. La medida llegó luego de que Perú recibió la noticia de la presencia de Chávez en la Embajada de México “por sorpresa” y tras acusaciones reiteradas de que las autoridades mexicanas han intervenido en asuntos internos del Estado peruano. CNN consignó que esta situación se suma a episodios previos de tensión, incluyendo las manifestaciones públicas del Ejecutivo mexicano respecto a la detención de Pedro Castillo, ex presidente de Perú, ocurrida en diciembre de 2022.
La Convención de Caracas de 1954, que regula la protección de personas solicitantes de asilo en la región, se encuentra en el centro del debate internacional generado por este caso. Según informó CNN, Perú sostiene que el derecho de asilo ha sufrido “distorsiones” en su aplicación, lo que lleva a que situaciones judiciales por delitos ordinarios se califiquen erróneamente como persecución política.
El antecedente inmediato de asilo político concedido desde México a ciudadanos peruanos tuvo lugar durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se otorgó protección a la familia de Pedro Castillo. CNN recordó que la familia de Castillo permanece bajo condición de asilada en territorio mexicano, mientras el ex mandatario enfrenta su proceso judicial por rebelión en Perú.
Con la consulta en la OEA, el gobierno de Perú busca dotar de respaldo regional a su posicionamiento respecto al caso de Betssy Chávez. La administración peruana, según remarcó Hugo de Zela en diálogo con CNN, pretende incorporar la visión de los demás Estados para definir los próximos pasos a seguir en la gestión diplomática y jurídica del conflicto.
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