El conflicto armado en Colombia afectó en 2025 a más de un centenar de colegios, según Consejo Noruego para Refugiados

El reclutamiento forzado de menores y la violencia selectiva contra el profesorado constituyen elementos centrales en la crisis educativa que atraviesa Colombia, mientras aumenta la preocupación por la protección de los niños y adolescentes en las zonas más afectadas por el conflicto. Según informó el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), más de un centenar de centros educativos sufrieron algún tipo de daño o amenaza en 2025, afectando de manera directa o indirecta a más de 11.000 personas. Las escuelas han recibido ataques, han sido ocupadas militarmente o saboteadas con explosivos, con consecuencias que trascienden la interrupción del derecho a la educación.

De acuerdo con el NRC, durante el último año se registraron 83 ataques en los que la integridad y seguridad de estudiantes, docentes y funcionarios resultó comprometida. Estos incidentes impactaron directamente a 104 establecimientos situados en nueve departamentos del país. El organismo detalló que estos centros no solamente han sido blanco de enfrentamientos armados, sino que han sido utilizados como bases militares y han padecido daños materiales debido al empleo de artefactos explosivos.

El director del NRC para Colombia, Giovanni Rizzo, declaró que mantener las escuelas ajenas a las acciones armadas constituye una cuestión urgente y vital. Rizzo declaró: "Es una cuestión de vida o muerte que se tomen medidas inmediatas para evitar los ataques directos contra las escuelas, mientras los grupos armados luchan por el control del país". Además, hizo énfasis en que no se observarán avances reales mientras los actores del conflicto continúen considerando a las escuelas y comunidades educativas como objetivos de sus acciones. "Las escuelas deben permanecer fuera del alcance de la violencia. Es hora de que las obligaciones de las partes en conflicto se conviertan en acciones efectivas para proteger el futuro de Colombia", agregó el director.

El medio NRC consignó que la usurpación y ocupación de centros de enseñanza ocurre, según sus registros, con una frecuencia de al menos una intervención cada dos semanas. Esto atribuye especial vulnerabilidad a las regiones apartadas donde la presencia institucional del Estado resulta limitada, lo que expone a niños y niñas a nuevas formas de riesgo, entre ellas el reclutamiento forzado y la desprotección frente al abandono de servicios educativos y sociales.

El acceso a la educación no es el único derecho vulnerado por este contexto. El NRC destacó que en numerosas comunidades, el cierre de los colegios implica que cientos de niños pierden también la única comida diaria garantizada por los programas escolares. Adicionalmente, se ven interrumpidos otros servicios fundamentales como la atención sanitaria básica, afectando el bienestar integral de los menores.

Rizzo enfatizó la necesidad inminente de una reacción tanto del Estado colombiano como de la comunidad internacional para impedir que la inseguridad y la precariedad institucional perpetúen la situación actual. "La educación no puede esperar a que las armas callen (...) El Estado y la comunidad internacional no pueden permitirse fallar a estos niños. Debemos garantizar que las escuelas sean lugares verdaderamente seguros donde la educación, la alimentación y los servicios de salud nunca se interrumpan", expresó, según reportó el NRC.

El análisis del organismo internacional indica que la continuidad del conflicto armado, sumada a la utilización de la infraestructura educativa con fines militares, genera efectos colaterales que afectan el futuro de la niñez y de las comunidades enteras. El NRC advirtió que, mientras no exista un compromiso efectivo para excluir a las escuelas de la dinámica bélica, la amenaza sobre más de 11.000 personas vinculadas al proceso educativo persiste.

El informe también aborda el impacto en el personal docente y administrativo, que enfrenta situaciones de riesgo ante los asesinatos selectivos y actos de intimidación. Esto tiene consecuencias directas sobre la continuidad educativa y el acceso a docentes calificados en las zonas rurales y urbanas expuestas al conflicto.

La información recopilada por el NRC expone que la crisis educativa asociada al conflicto no solo obstaculiza el desarrollo académico, sino que agrava las condiciones de vulnerabilidad social, al privar a los niños y jóvenes de espacios de protección, nutrición y aprendizaje. De acuerdo con la ONG, la solución implica una acción inmediata y coordinada entre todos los actores sociales, gubernamentales y comunitarios para restituir el rol seguro de la escuela en las regiones afectadas.