La Fiscalía de Perú ha presentado este jueves una denuncia constitucional contra la presidenta del país, Dina Boluarte, y a seis exministros por los presuntos delitos de lesiones leves y graves cometidos contra al menos dos de los manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales entre finales de 2022 y principios de 2023.
Así lo ha anunciado el organismo en su cuenta de la red social X, con un comunicado en el que también ha señalado a los exministros del Interior César Augusto Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero y al exministro de Defensa Jorge Luis Chávez "como presuntos autores de los delitos de lesiones leves y graves en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros".
Los hechos imputados se refieren a las protestas desatadas contra el Gobierno peruano entre entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana, que dejaron al menos "75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas", según ha informado el Ministerio Público.
La Fiscalía ha presentado horas después una segunda denuncia constitucional contra la mandataria "en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, como presunta autora del delito de colusión agravada en agravio del Estado".
En este caso, Boluarte está acusada de "aprovechar el cargo" que desempeñó entre julio de 2021 y noviembre de 2022 "para concertar una cita con Víctor Hugo Torres Merino, amigo de infancia de su hermano Nicanor Boluarte Zegarra, a fin de que sea contratado como proveedor de servicios en" dos programas nacionales adscritos a dicha cartera ministerial.
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