El magnate Elon Musk ha denunciado este sábado "pagos fraudulentos" por valor de 50.000 millones de dólares anuales (unos 48.392 millones de euros) por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y ha anunciado la implementación de una serie de medidas "superobvias y necesarias" para un mayor control de "todos los pagos salientes del Gobierno".
"Actualmente se pagan más de 100.000 millones de dólares al año en prestaciones sociales a personas sin número de seguro social ni número de identificación temporal (...). Cuando pregunté en el Tesoro por una estimación aproximada de qué porcentaje de esa cifra es un fraude inequívoco y obvio, el consenso fue que aproximadamente la mitad, es decir, ¡50.000 millones de dólares al año!", ha explicado Musk.
A fin de "abordar de inmediato" esta "locura total", el magnate ha avanzado que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro han acordado conjuntamente que "todos los pagos incluyan una justificación en el campo de comentarios, que actualmente está en blanco".
"Es importante destacar que aún no estamos aplicando NINGÚN juicio a esta justificación, sino que simplemente exigimos que se haga algún intento por explicar el pago más que nada", ha insistido a este respecto.
En la misma línea, se exigirá que todo pago saliente del Gobierno "tengan un código de categorización de pago, necesario para pasar las auditorías financieras", que actualmente son "casi imposibles" porque este campo "se deja con frecuencia en blanco".
Asimismo, Musk ha señalado que habrá de actualizarse "al menos una vez por semana, si no a diario", la lista de "entidades que no pagan y que se sabe que son fraudulentas o de personas que están muertas o son probables fachadas de organizaciones terroristas o que no coinciden con las asignaciones del Congreso".
La publicación de estos datos se produce después de que un tribunal federal restringiera a comienzos de esta semana el acceso del equipo del DOGE --que dirige el magnate-- encargado de la revisión de costes a los sistemas de pago del Departamento del Tesoro, a raíz de una demanda interpuesta por un grupo de sindicalistas y jubilados preocupados por su privacidad, según Bloomberg.
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