San Juan, 18 jul (EFE).- La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este jueves de que cuatro individuos fueron acusados de 17 cargos en una trama de sobornos para eliminar multas del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP).
W. Stephen Muldrow, fiscal de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico explicó en un comunicado que el 17 de julio de 2024, un gran jurado federal presentó una acusación de 17 cargos contra los cuatro individuos por participar en una conspiración de soborno y fraude electrónico y un plan para defraudar al DTOP.
Tres de los acusados fueron arrestados hoy y tendrán su comparecencia inicial ante el juez magistrado de Estados Unidos Marcos E. López del Tribunal de distrito de los EE.UU. para Puerto Rico.
Una de las acusadas, está pendiente de arresto.
Según los documentos judiciales, dos de las acusadas eran empleadas de DTOP asignadas a trabajar en los centros regionales de servicio a conductores (CESCO) ubicados en Caguas y Carolina, en Puerto Rico.
Ambas eran responsables de acceder a la información de conductores y vehículos y, entre otras cosas, poseían la capacidad de eliminar multas.
Otros dos acusados negociaron e hicieron pagos de sobornos a las dos funcionarias de CESCO a cambio de ciertos actos oficiales, incluido el acceso a la información de DTOP-CESCO, la obtención de documentación duplicada y la eliminación de multas de conductores y vehículos.
De noviembre de 2018 a octubre de 2023, una de estas funcionarias recibió más de 62.000 dólares en pagos de sobornos.
De abril de 2019 a junio de 2023, otra de las empleadas de CESCO recibió más de 7.000 dólares en pagos de sobornos.
"La persecución de delitos de corrupción pública, en todos los niveles del gobierno, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía Federal. El soborno de empleados gubernamentales corroe la confianza del público en instituciones vitales y no será tolerado. Ni a nivel municipal, ni a nivel del Estado Libre Asociado, ni a nivel federal", dijo Muldrow.
Si se le declara culpable, se le aplicará una pena máxima de cinco años de prisión por cada infracción de 18 U.S.C. § 371, una pena máxima de diez años de prisión por cada infracción de 18 U.S.C. § 666(a)(2) y (a)(1)(B), y una pena máxima de veinte años de prisión por cada infracción de 18 U.S.C. § 1343, 1346, 1349.
Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la pena después de considerar las directrices para la imposición de penas de los EE.UU. y otros factores legales.
Este caso fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional.
La fiscal federal adjunta Marie Christine Amy lleva el caso. EFE
ea
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