Washington, 28 feb (EFE).- Los representantes de comunidades indígenas, negras y campesinas desplazadas forzadas en Honduras exigieron este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado hondureño resuelva el problema de tierras ancestrales.
"Le pedimos al Instituto Nacional Agrario y al Instituto de la Propiedad que, de manera urgente, se resuelva la titulación de tierra en los casos de los consejos indígenas lencas y la comunidad (garífuna) de Punta Gorda", dijo Kenia Oliva, del Bufete Justicia para los Pueblos durante una audiencia en el período 189 de sesiones de la CIDH en Washington.
Oliva, representante legal de las comunidades desalojadas, denunció que se han documentado casos de "criminalización y desplazamiento forzado, así como de violencia física, vigilancia y campañas de desprestigios para intentar neutralizar y desarticular las luchas comunitarias".
También sostuvo que "en algunos de estos casos el Estado llevó a cabo desalojos violentos (...), los desalojos se ordenan y ejecutan contra toda la comunidad aunque el número de acusados sea reducido". Como ejemplo de esta situación se mencionó que más de medio centenar de personas, incluidos niños y mujeres, fueron desalojadas "de forma violenta e ilegal" en junio de 2023 de la comunidad de Río Bonito.
"No hemos podido regresar a nuestra tierra y llevamos casi nueve meses viviendo en una situación de precariedad", señaló Juan García, del Consejo Indígena Lenca de Río Bonito.
Aseguró que sus tierras están "siendo dañadas y descombradas por personas que solo buscan lucrarse" y lamentó que durante el desalojo perdieron sus casas, escuelas y cosechas.
En el caso de la comunidad de Guapinol unas 40 personas fueron desalojadas, mientras que 17 fueron criminalizadas en Potrerillos, según el Bufete Justicia para los Pueblos.
Las comunidades reclaman, además, la aprobación de un protocolo que garantice "la inalienabilidad de los títulos ancestrales del pueblo garífuna para que ninguna escritura pública en posesión de terceros, que se derive de títulos ancestrales, sea inscrita".
Solicitan también que el Poder Judicial de Honduras "se abstenga de ordenar un desalojo mientras no haya una sentencia firme" y que se respeten y garanticen los principios de Naciones Unidas sobre desalojos.
Por su parte, Tomas Andrade, subprocurador del Estado de Honduras, dijo que su país tiene "una deuda histórica por saldar" con los pueblos indígenas, garífunas (negros) y campesinos, la cual, aseguró, será honrada.
Andrade indicó que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tiene "un compromiso fuerte e inquebrantable de gobernar al servicio del pueblo, tomando las medidas positivas necesarias para prestar especial atención a los grupos que históricamente han vivido en condiciones de vulnerabilidad".
"Reconocemos que las medidas adoptadas no resultan suficientes en este momento y que deben ser reforzadas en atención a los resultados obtenidos y esperados tomando en cuenta los requerimientos de las comunidades y estándares internacionales que Honduras está obligada a cumplir", explicó el subprocurador.
Señaló, además, que los desalojos ponen a las comunidades en una situación de "mayor vulnerabilidad".
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