San Salvador, 21 dic (EFE).- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció el jueves ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) la desaparición en prisión del padre de la periodista Carolina Amaya.
Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, indicó en una rueda de prensa que buscan que la PDDH "se active para que pueda iniciar la búsqueda" de Benjamín Amaya, quien es representante campesino, y catalogó el hecho como una "desaparición forzada".
De acuerdo con Cárcamo, Amaya fue detenido en un "proceso bastante irregular" en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales, como la defensa de los detenidos.
"Casualmente la captura ocurre semanas después de que ella realizara unas publicaciones periodísticas que afectan a sectores empresarias del actual Gobierno salvadoreño", manifestó.
Relató que recientemente un tribunal le otorgó la libertad condicional bajo fianza, pero que el Instituto de Medicina Legal no dio con su paradero en la prisión en la que las autoridades decían que se encontraba para realizarse una evaluación médica.
"Hemos intentado obtener información de en qué centro penal está, no hay información de carácter oficial y desconocemos de las condiciones de salud y del estado en el que se encuentra", puntualizó la presidenta de APES.
El abogado Oswaldo Feusier, de la Clínica de Asistencia Jurídica de la APES, sostuvo que las autoridades de Centros Penales no han informado al tribunal que lleva el caso, a la familia, ni a la defensa si ha sido trasladado o no a otra cárcel.
"Las personas que se encuentran detenidas ilegal e inconstitucionalmente se les tiene aisladas, sin derecho a visita familiar y en abierta contradicción a tratados internacionales", por lo que "naturalmente no se había dado cuenta la familia", apuntó el letrado.
Indicó a periodistas que esto "posiblemente puede incurrir en un comportamiento estandarizado en legislación internacional como desaparición forzada de persona".
"Se lo llevaron vivo, no sabemos en qué estado se encuentra" y "lo único que queremos como APES, como representación de la familia es saber qué pasó con don Benjamín", subrayó.
A inicios de noviembre, diversas organizaciones sociales denunciaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que durante el régimen de excepción se han dado "desapariciones de corta duración", lo que la representación gubernamental negó.
Este régimen fue aprobado a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Una investigación del medio local El Faro sostiene que esta alza se debió a la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y las maras.
El Salvador cerrará el año 2023 bajo dicho régimen de excepción, después de que el oficialismo aprobó el pasado 5 de diciembre en la Asamblea Legislativa la vigésimo primera ampliación por 30 días.
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