En la pelea de Ron DeSantis, gobernador de la Florida, contra la administración Biden se abre una nueva batalla en el campo de la inmigración.
El republicano DeSantis, lanzó un paquete de iniciativas destinadas a tomar “medidas enérgicas” contra los inmigrantes indocumentados, incluyendo la ampliación de un sistema administrativo que deberán usar los empleadores.
En una rueda de prensa en Jacksonville (noreste de Florida), el gobernador, que se perfila como posible candidato a la Casa Blanca en 2024, criticó las políticas migratorias del presidente estadounidense, Joe Biden, a quien responsabilizó de la “afluencia de drogas y otros problemas” en la frontera sur del país.
Con un cartel detrás en el que se leía “Crisis fronteriza de Biden”, DeSantis anunció prioridades que tendrán como objetivo implementar “medidas enérgicas” contra los indocumentados en Florida. Cabe destacar que si bien los estados no tienen ni voz ni voto en temas migratorios, ya que se trata de ley federal, los estados pueden implementar medidas para hacer la vida de quienes no tienen documentos más o menos complicadas. Así es que hay estados (o incluso ciudades) consideradas “santuarios” ya que allí deciden no denunciar a las autoridades federales a personas indocumentadas, o inclusive otorgarle algún tipo de documento local, mientras que en otros lugares -como Florida ahora-, la situación es más difícil.
La propuesta legislativa del gobernador de Florida quiere “evitar el acceso de los inmigrantes a la atención médica, la educación y criminalizar a cualquier floridano que transporte o brinde refugio a una amplia categoría de inmigrantes”, denunció la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).
Para la coalición en favor de los inmigrantes, DeSantis "está liderando el camino para hacer retroceder el reloj en materia de derechos humanos" y que los residentes vivan con el "temor de un gobierno que se extralimita en todos los rincones de sus vidas".
El paquete de propuestas presentado por el gobernador bajo el nombre de “La lucha de Florida contra la crisis fronteriza de Biden” incluye “mejorar” las sanciones por tráfico de personas y contempla como “delito grave de tercer grado” transportar, ocultar o albergar a extranjeros ilegales, sancionado con hasta cinco años de prisión. Ahora depende de las municipalidades (quienes controlan la mayor parte de los departamentos de policía) si quieren o no cumplir con lo que está pidiendo el gobernador.
Entre otras medidas para “desincentivar la inmigración ilegal en Florida”, se obligará a los hospitales a recopilar datos sobre el estatus migratorio de pacientes y presentar periódicamente informes sobre el coste de la atención brindada a los extranjeros ilegales.
Desantis afirma que, con esta legislación, Florida “continúa tomando medidas enérgicas contra el contrabando de ilegales, impidiendo que los municipios emitan tarjetas de identificación a las personas que están aquí ilegalmente y asegurando que los empleadores contraten a ciudadanos estadounidenses o a los que están aquí legalmente”.
Actualmente, la ley de Florida requiere que todos los empleadores públicos usen E-Verify, un sistema administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., pero los empleadores privados no están obligados a utilizar el sistema.
Las dos cámaras del Congreso de Florida tienen mayoría republicana, por lo que se prevé que muchas de las iniciativas del gobernador salgan adelante en marzo, cuando se reúna la Legislatura.
El Congreso estatal ya aprobó como parte del presupuesto pedido por DeSantis que se destinaran fondos anuales para un programa de traslado de migrantes indocumentados desde Florida (u otros estados) a diversas partes del país consideradas santuarios.
(Con información de EFE)
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