París, 2 dic. La Asamblea Nacional francesa (Cámara baja) aprobó hoy un proyecto de ley para endurecer las normas contra las ocupaciones de viviendas, con un aumento de las penas de uno a tres años de cárcel y de las multas de 15.000 a 45.000 euros.
La medida, una iniciativa que partía del bloque parlamentario de la mayoría simple presidencial, quedó aprobada en primera lectura con 40 votos a favor y 13 en contra, gracias al respaldo de los diputados del grupo conservador Los Republicanos y de la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen.
El texto, titulado "Protección de las viviendas contra la ocupación ilícita", será sometido ahora a tramitación en el Senado.
La nueva normativa facilita a los dueños las acciones judiciales contra los ocupantes ilegales y los inquilinos que no pagan sus alquileres (un problema que afecta a unos 288.000 hogares, según la Caja Nacional de Subsidios Familiares, pero que podría crecer por la subida de la inflación), en sustitución de la formulación anterior, que tenía como referente central la protección de la privacidad.
El diputado Guillaume Kasbarian, principal impulsor de esta propuesta, subrayó durante los debates en la Asamblea Nacional que la normativa protege a los pequeños propietarios que no "nadan en oro".
A los cambios se oponían fuerzas de izquierda como La Francia Insumisa (LFI), a las que el oficialismo reprocha querer "proteger a los okupas".
Para las fuerzas progresistas, esta proposición de ley es contraria al derecho a la vivienda, especialmente en un contexto de mercado inmobiliario ya complicado, y llevará a un aumento de las personas sin techo.
Con su redactado, las multas y penas contra quienes ocupan de forma ilícita una vivienda se triplican y llegarían a un máximo de tres años de cárcel y 45.000 euros de sanción.
La normativa también endurecerá las penas contra los delincuentes que alquilan ilegalmente a okupas las casas de otras personas.
Además, se estipula como obligatoria en los contratos de alquiler una cláusula de extinción, de forma que se acelera el proceso de desahucio al limitar el margen con que los jueces pueden aplicar el plazo que tienen los inquilinos morosos, que puede durar hasta tres años.
Los promotores de esta modificación legislativa insisten en que un 64 % de los propietarios tienen únicamente una vivienda en alquiler y un tercio del total son pensionistas.
La norma, en cualquier caso, ha suscitado una fuerte polémica e incluso una antigua ministra de Vivienda en el primer mandato de Macron, Emmanuelle Wargon, avisó que se podría romper el equilibrio que se logró con una última reforma legislativa.
Wargon adujo que cada año hay únicamente unos 200 casos de ocupaciones, que con la reforma adoptada en 2020 se pueden tratar, y al mismo tiempo se han contenido los desahucios de inquilinos.
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