BANGKOK (AP) — Al menos ocho personas, incluyendo visitantes y funcionarios, fallecieron el miércoles tras la explosión de dos bombas cerca del acceso al principal penal para detenidos políticos de Myanmar, dijeron medios locales y el gobierno.
Cinco personas que estaban llevando paquetes a reos y tres funcionarios de prisiones perdieron al vida por la explosión de los dos artefactos alrededor de las 09:40 horas de la mañana, reportó News Of Myanmar, un servicio de noticias online afín a la junta militar del país, en la aplicación de mensajería Telegram. Las detonaciones se registraron dentro y fuera de la oficina de recepción de paquetes, cerca de la puerta principal de la cárcel de Insein, en Yangón, la ciudad más grande del país.
En un comunicado, la oficina de información del ejército confirmó que cinco visitantes, entre los que había una niña de 10 años, y tres trabajadores del centro murieron, y que en la mensajería se encontró otra bomba sin explotar. Además, 13 visitantes, incluyendo un niño de nueve años, y cinco funcionarios fueron atendidos por lesiones en el hospital de Insein.
Durante décadas, el penal ha sido conocido por albergar a destacados prisioneros políticos en los distintos gobiernos militares. Las familias de los reclusos pueden llevarles paquetes con comida, ropa o medicamentos.
Nadie reclamó de inmediato la responsabilidad por el ataque. En comunicados publicados en Facebook, la Fuerza Revolucionaria de Yangón, las Guerrillas Urbanas de Yangón y el Comité para la Huelga General — grupos de resistencia contra el gobierno militar instaurado tras el golpe de Estado de febrero del año pasado — condenaron los ataques por causar víctimas civiles.
Myanmar está sumido en la violencia desde el alzamiento militar contra el gobierno civil electo encabezado por Aung San Suu Kyi, que provocó protestas pacíficas en todo el país que las fuerzas de seguridad repelieron con fuerza letal. La represión derivó en una resistencia armada generalizada, que se ha convertido en lo que algunos expertos de Naciones Unidas han calificado de guerra civil.
Unos 2.367 civiles fallecieron en la represión, según las detalladas listas elaboradas por la Asociación para la Asistencia a los Prisioneros Políticos, un grupo que monitorea los derechos.
El país registra a diario atentados y balaceras en las ciudades y enfrentamientos armados en las zonas rurales. Las guerrillas urbanas contrarias a la junta ejecutan a personas relacionadas con el ejército y atacan establecimientos vinculados al oficialismo.
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