La administración del presidente Joe Biden pidió el martes a un tribunal federal que le permita seguir adelante con una orden que requerirá que los empleados de empresas con 100 personas o más se vacunen contra el COVID-19 o se realicen pruebas semanales.
El mandato es una pieza central de los esfuerzos del gobierno federal para contener la propagación de la enfermedad a medida que aumentan los contagios y las hospitalizaciones poco antes de iniciar la época invernal.
Fiscales generales estatales republicanos, organizaciones conservadoras y algunas empresas argumentan que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional —conocida por las siglas OSHA, una rama del Departamento del Trabajo de Estados Unidos— carece de autoridad para exigir las vacunas y lograron persuadir a un tribunal federal para que suspendiera la orden.
Los abogados de la OSHA y del Departamento de Justicia dijeron ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito que el mandato era necesario para reducir la transmisión del virus en los lugares de trabajo “y los daños graves que el virus inflige a los trabajadores”.
Argumentaron que dicha orden evitará la muerte de 6.500 trabajadores y la hospitalización de 250.000 en seis meses. La pandemia ya ha matado a más de 750.000 personas en Estados Unidos, y los contagios han aumentado rápidamente en las últimas semanas.
Si se mantiene, la regla de la OSHA entraría en vigor el 4 de enero y se aplicaría a las empresas privadas de 100 empleados o más, lo que afectaría aproximadamente a 84 millones de trabajadores en el país, quienes tendrían que vacunarse contra el COVID-19 o realizarse pruebas semanales, y usar mascarilla en el lugar de trabajo. Hay excepciones para los empleados que trabajan desde casa, solos o al aire libre.
La disputa legal sobre dicha orden es uno de los varios desafíos sobre la obligatoriedad de las vacunas que enfrenta la administración de Biden. Hasta ahora, los tribunales no han detenido otros dos mandatos: uno para los trabajadores de la salud y otro para los contratistas del gobierno federal.
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Mulvihill informó desde Cherry Hill, Nueva Jersey.
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