La junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ratificó esta semana a Asdrúbal Chávez como presidente de sus tres filiales en Estados Unidos —PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum—, según un documento al que tuvo acceso Reuters. El nombramiento llega días después de que la administración de Donald Trump reconociera formalmente al régimen encabezado por Delcy Rodríguez, y abre un nuevo frente de incertidumbre sobre el futuro de la séptima refinadora más grande del país norteamericano por volumen procesado.
El movimiento de Caracas tiene un obstáculo inmediato: Chávez y su equipo necesitan una autorización expresa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro para asumir el control efectivo de la refinadora. Sin esa licencia, las sanciones vigentes sobre Venezuela bloquean cualquier transferencia real de mando. El abogado José Ignacio Hernández, experto en derecho constitucional y administrativo, advirtió este martes que el reconocimiento diplomático a Rodríguez “deja a salvo los controles derivados de la regulación de sanciones económicas”, según publicó en la red X. El reconocimiento político y la autorización regulatoria son, en ese sentido, dos procesos separados.
No es la primera vez que Chávez choca con ese muro. El directivo fue presidente interino de Citgo entre noviembre de 2017 y enero de 2019, hasta que Washington le revocó la visa por su presunta vinculación con actos de corrupción y violaciones de derechos humanos en Venezuela, según la OFAC. Primo del fallecido presidente Hugo Chávez, Asdrúbal acumula cuatro décadas en la industria petrolera estatal: fue viceministro de Petroquímica, ministro de Petróleo y Minería entre 2014 y 2015, y presidente de PDVSA entre 2020 y 2023. Su carrera ascendió bajo la sombra de su primo y sobrevivió a los sucesivos cambios de guardia en la cúpula chavista.
La ratificación de Chávez se enmarca en un proceso de reconfiguración más amplio del aparato petrolero venezolano. La junta directiva de PDVSA, encabezada por Héctor Obregón, también fue ratificada en el mismo movimiento. Nelson Ferrer, Alejandro Escarrá y Ricardo Gómez fueron incorporados como directores en las tres filiales estadounidenses. No quedó claro si el gobierno de Rodríguez ya solicitó ante el Tesoro una nueva licencia para habilitar a Chávez y a estos directivos.
El contexto diplomático que rodea la designación es inédito. El 7 de marzo, Trump reconoció públicamente al régimen venezolano en una cumbre celebrada en Miami con líderes de la derecha latinoamericana. Días después, el Departamento de Estado notificó formalmente a la Justicia estadounidense —a través de una carta del encargado para América Latina, Michael Kozak, al fiscal Jay Clayton— que reconoce a Rodríguez como “la única jefa de Estado capaz de actuar en nombre de Venezuela”. La carta también mencionó el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, suspendidas desde 2019, y un acuerdo sobre oro venezolano valorado en 165 millones de dólares. Rodríguez agradeció el gesto y lo calificó como “el reconocimiento a un país”.
El problema de fondo, sin embargo, trasciende la cuestión de las sanciones. Citgo enfrenta un proceso judicial que amenaza con quitarle la propiedad a Venezuela de manera definitiva. Un tribunal federal de Delaware, supervisado por el juez Leonard Stark, aprobó en noviembre de 2025 la venta de PDV Holding —la matriz estadounidense de Citgo— a Amber Energy, filial del fondo de inversión Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares. La operación surgió de una subasta organizada para saldar deudas venezolanas con hasta 15 acreedores internacionales, entre ellos las mineras Crystallex y Rusoro, y la petrolera ConocoPhillips, que litigan desde 2017 por expropiaciones e impagos. Evercore, firma asesora del tribunal, valoró Citgo en unos 13.000 millones de dólares; Venezuela argumentó que supera los 18.000 millones.
La venta aún no se ha materializado. La transacción requiere aprobación de la OFAC y de otros reguladores financieros, y Amber Energy prevé cerrarla a lo largo de 2026. Si el Tesoro aprueba el traspaso, la propiedad de Citgo cambiaría de manos y el nombramiento de Chávez quedaría sin efecto práctico. Es esa doble espera —la autorización para dirigir la empresa y la decisión sobre su venta— la que convierte el movimiento de Caracas en una apuesta de resultado incierto.
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