La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su voluntad de establecer relaciones a largo plazo con Estados Unidos. La declaración se produjo después de que ambos países reanudaran formalmente sus vínculos diplomáticos el jueves pasado.
Durante una transmisión en el canal Venezolana de Televisión, Rodríguez explicó que existe una agenda bilateral centrada en temas de energía, minería y lucha contra el narcotráfico.
“Queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad. Que se sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente (Cilia Flores) son inocentes”, afirmó la mandataria interina durante un acto en Caracas.
Nicolás Maduro enfrenta acusaciones de cuatro delitos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, además de un cargo por posesión de esas armas.
Cilia Flores también está acusada de cuatro cargos, vinculados a los de Maduro: dos por conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y otro por posesión de armas.
Tras la detención de Maduro el 3 de enero, se inició un proceso de acercamiento entre Caracas y Washington. El Gobierno de Donald Trump anunció la implementación de un plan en tres fases —estabilización, recuperación y transición democrática— para el futuro de Venezuela, confiando a Rodríguez la conducción de la primera etapa.
Rodríguez planteó la necesidad de mantener relaciones diplomáticas con Estados Unidos para “dirimir diferencias y para avanzar en coincidencias”.

Venezuela abrió el mercado minero al capital extranjero
En otro orden, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley Orgánica de Minas, una reforma que reemplaza toda la arquitectura legal del sector minero y abre la puerta a la inversión extranjera en oro, diamantes y tierras raras.
La sesión, convocada con ese único punto del día, se celebró apenas cinco días después de la visita a Caracas del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y dos días después de que ambos países anunciaran la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.
El proyecto, cuyo borrador fue revisado por Reuters, deroga la Ley de Minas de 1999 y la normativa aurífera de 2015. Extiende las concesiones de 20 a 30 años, permite a empresas nacionales y extranjeras explotar directamente los yacimientos y establece que las disputas se resolverán mediante arbitraje internacional, una garantía que los inversores privados reclamaban desde hace años. Los depósitos seguirán siendo propiedad del Estado, pero los nuevos cálculos impositivos previstos en el texto buscan hacer más atractiva la ecuación comercial para el capital foráneo.
La iniciativa sigue el patrón de la Ley de Hidrocarburos, aprobada semanas después de que Maduro fuera capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense. La propia Rodríguez lo formuló sin ambigüedad: “Queremos que los esquemas de éxito de la Ley de Hidrocarburos estén también presentes en la minería”, declaró durante la visita de Burgum al palacio de Miraflores el 4 de marzo. La ley petrolera redujo el control estatal sobre el sector y amplió la participación de capitales privados, revirtiendo parcialmente la nacionalización profundizada por Hugo Chávez a partir de 1999.
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