La persecución activa de un nuevo petrolero en aguas internacionales del Caribe, confirmada este domingo por funcionarios estadounidenses consultados por EFE y Reuters, puso nuevamente en el centro de atención la serie de operaciones lanzadas por Estados Unidos contra buques relacionados con el transporte de crudo venezolano. En menos de dos semanas, Washington ha incautado o intentado confiscar al menos tres petroleros, como parte de una estrategia orientada a frenar la exportación de petróleo mediante lo que describe como una “flota fantasma”.
El caso más reciente es el del Bella 1, un buque que navega bajo bandera de Panamá y que, según fuentes de Washington citadas por Reuters y Axios, está sujeto a una orden judicial de incautación. Un funcionario estadounidense señaló que el Bella 1 opera con una bandera falsa y sería parte de un esquema de evasión de sanciones. De acuerdo con TankerTrackers.com, el petrolero se aproximaba vacío a aguas venezolanas, presuntamente para cargar crudo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incluyó al Bella 1 en su lista de sanciones en junio de 2024, alegando vínculos con Irán. Registros internos de PDVSA indican que anteriormente transportó crudo venezolano con destino a China y, en ocasiones, petróleo iraní.
Un día antes de la persecución al Bella 1, la Guardia Costera de Estados Unidos confiscó el Centuries, otro petrolero panameño. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, comunicó la incautación mediante un video en redes sociales, mientras que la portavoz adjunta de la administración, Anna Kelly, precisó que transportaba petróleo de la estatal venezolana PDVSA. Según la Casa Blanca, el Centuries operaba como parte de la denominada flota en la sombra venezolana. La reacción de Caracas fue de rechazo, calificando la incautación como un “robo y secuestro”, mientras informes independientes recalcaron que el Centuries no está formalmente en la lista de buques sancionados del Tesoro, lo que planteó interrogantes sobre la base legal de la operación.
El antecedente inmediato se remonta al 10 de diciembre, cuando EE.UU. incautó el Skipper, un petrolero de gran tamaño ligado al transporte de crudo venezolano presuntamente hacia países bajo sanción, según datos internos de PDVSA recogidos por Reuters. El Skipper fue posteriormente trasladado a un área de transbordo frente a la costa de Texas. Desde la Casa Blanca, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, señaló en una entrevista con la cadena CBS que el Skipper operaba en el mercado negro y abastecía a países sancionados.
Las interdicciones se produjeron tras la decisión del presidente Donald Trump de ordenar un “bloqueo total” a petroleros sancionados que transiten hacia o desde Venezuela. Esta acción se inscribe dentro de una campaña de presión ampliada contra el gobierno de Nicolás Maduro, que incluye el refuerzo del despliegue militar estadounidense y operaciones antidrogas. Washington sostiene que tales operativos buscan frenar fuentes de financiamiento ilícito y el narcotráfico ligados al llamado “régimen narcoterrorista” venezolano.
El gobierno venezolano, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, ha calificado estas operaciones como actos de “piratería naval”, negando la existencia de una flota clandestina al servicio de PDVSA. Para Estados Unidos, los buques como el Bella 1, el Centuries y el Skipper representan puntos neurálgicos de una red que intenta sortear las sanciones. Analistas consultados por Reuters y UBS anticipan que la intensificación de las incautaciones podría aumentar el riesgo geopolítico en el Caribe y afectar las exportaciones venezolanas, presionando la producción y reduciendo los ingresos petroleros del país.
Mientras tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos mantiene la persecución del Bella 1, una señal de que la ofensiva marítima de Washington no ha finalizado.
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