La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 884 presos políticos, de los cuales 85 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín difundido este sábado, que tiene como fecha de corte el 3 de noviembre.
En el reporte, publicado en la red social X, la organización no gubernamental detalló que entre los detenidos hay 767 hombres y 117 mujeres. El listado especifica que 880 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.
Del total, 711 son civiles y 173 militares, indicó Foro Penal, que subrayó que este listado “no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)”.
La mayoría de los detenidos fueron capturados después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de “fraude” de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
El pasado 3 de noviembre, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió sobre el aumento de las detenciones en Venezuela “sin información pública suficiente” de los casos, lo que consideró como un “escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada” debido a esta “opacidad” y también por la “negación del acceso a asistencia legal” que asegura existe en el país.
En su cuenta de X, la organización indicó que, durante la semana pasada, se evidenció “un preocupante aumento de detenciones efectuadas por cuerpos de seguridad del Estado en distintas regiones del país”, sin que se informe, añadió, sobre las “circunstancias o el paradero de las personas privadas de libertad”.
En este contexto, afirmó que esta situación constituye una “violación directa a los derechos fundamentales de las personas afectadas, en particular al derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la integridad física y moral, así como al derecho de sus familiares a conocer la verdad sobre su paradero”.
Por tanto, exigió a las autoridades venezolanas garantizar la información “inmediata y veraz” sobre la identidad, el paradero y la situación jurídica de todas las personas detenidas, así como el “acceso irrestricto a abogados de confianza y la posibilidad de comunicarse con sus familiares”, como -enfatizó- establece la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado.
(Con información de EFE)
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