El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela solicitó la liberación de 18 trabajadores de medios que permanecen detenidos y alertó sobre una “crisis” de libertad de prensa en el país.
Mediante una publicación en redes sociales, el CNP registró, entre enero y agosto de este año, 88 agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
De acuerdo con los datos, 16 casos corresponden a “hostigamiento” y “26 a impedimentos de cobertura”.
También se registraron ocho amenazas, ocho intimidaciones, dos robos de equipos, cuatro cierres de emisoras de radio y dos deportaciones de corresponsales extranjeros, entre otras situaciones.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció recientemente que los periodistas mexicanos Israel Navarro y Gerardo Torres, identificados como enviados especiales del medio Milenio, fueron deportados después de llegar al país con la finalidad de cubrir “las tensiones con Estados Unidos”.
De acuerdo con el SNTP, ambos reporteros “fueron retenidos e incomunicados por casi 24 horas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, tras ser declarados ‘inadmitidos’ por las autoridades venezolanas”.
El CNP afirmó que los 18 periodistas detenidos fueron “encarcelados de forma arbitraria por ejercer el derecho a informar y/o expresar su opinión”, por lo cual solicitó su “libertad ya”.
Provea denunció que los detenidos permanecen incomunicados durante largos períodos
En otro orden, la organización no gubernamental Provea denunció un aumento de los casos de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Según la ONG, entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 se documentaron 23 casos en los que los detenidos permanecieron durante largos períodos incomunicados, sin que sus familiares, abogados o las propias organizaciones pudieran conocer su paradero o las condiciones en que se encontraban.
En su informe, Provea advirtió sobre las situaciones “desafiantes” que enfrentan los familiares de las víctimas cuando intentan recurrir a las vías regulares ante las autoridades sin recibir respuestas oportunas.
“Inicialmente, todos ignoran el lugar de reclusión, incluso durante meses y en algunos todavía se desconoce; además todos han sufrido incomunicación y aislamiento”, afirmó la ONG.
Los datos presentados reflejan un patrón que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la vulneración de derechos constitucionales como el debido proceso y la defensa.
De acuerdo con Provea, la ausencia de respuestas por parte del Estado en cada nivel institucional incrementa la vulnerabilidad de los detenidos, quienes permanecen bajo custodia estatal sin que se cumplan los estándares requeridos tanto a nivel nacional como internacional en materia de privación de libertad.
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