La dictadura venezolana expresó este sábado un rechazo categórico al comunicado emitido por Noruega, el cual denuncia un aumento de las desapariciones forzadas en territorio venezolano.
La controversia surgió tras una declaración pública del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, divulgada durante el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en la que el país europeo manifestó su seria preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio del 2024.
La reacción nórdica, basada en datos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, fue interpretada por el régimen de Caracas como un intento de intervención en los asuntos internos del país.
El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, fue el encargado de responder oficialmente a través de su canal de Telegram. Afirmó que la administración venezolana “rechaza de manera firme la declaración de la Cancillería de Noruega”, calificándola como una “amenaza contra la soberanía” y acusando a Oslo de actuar “en contra de la opinión de su propio pueblo”.
En su declaración oficial, el funcionario acusó a Noruega de justificar, de forma implícita, actitudes hostiles, al hacer referencia a un supuesto “intento mudo de justificar la agresión militar del imperio estadounidense contra Venezuela con argumentos absolutamente cobardes”.
El comunicado noruego que generó el enfrentamiento fue firmado por el titular de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide. El mensaje expresó la “alarma” del gobierno noruego ante el “aumento del uso de desapariciones forzadas” en Venezuela.
La declaración manifestó preocupación, especialmente, por “las desapariciones asociadas con las elecciones en Venezuela, incluidos los llamados casos de desapariciones a corto plazo cometidos durante y alrededor de las elecciones presidenciales de julio de 2024”.
Además, Noruega señaló su inquietud por el “uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de agentes del Estado” y por los “homicidios ilícitos, entre otras violaciones”.
Los principales afectados, según los datos citados por Oslo, son ciudadanos que participaron en protestas, defensores de derechos humanos y figuras vinculadas a la oposición, especialmente durante y después del proceso electoral.
Entre los casos señalados destacan las “desapariciones de corto plazo”, privaciones temporales de libertad durante las cuales las personas permanecen incomunicadas, sin localización formal, hasta ser puestas a disposición de la justicia o liberadas.
El organismo exigió respeto a los derechos humanos, el fin de la violencia política y garantías al derecho de libertad de expresión y participación política pacífica. Espen Barth Eide hizo además un llamamiento explícito a la dictadura de Nicolás Maduro para adoptar medidas concretas que aseguren “el respeto de las normas internacionales y eviten daños irreparables a las víctimas”.
El PCD reclama la aparición con vida de su secretario general, detenido hace más de seis semanas
Según relató la agencia EFE, el Partido Centro Democrático (PCD), referente de la oposición venezolana, denunció ayer la desaparición de Yandir Loggiodice, su secretario general, quien permanece incomunicado desde su detención el 14 de julio en el estado Bolívar.
El operativo fue ejecutado por una treintena de agentes armados y encapuchados que, según el partido, irrumpieron en el lugar donde Loggiodice se refugiaba, sin presentar orden legal ni identificar la autoridad responsable.
Durante los 45 días transcurridos desde aquel episodio, familiares y abogados no han podido establecer contacto con el dirigente político, lo que incrementa las preocupaciones sobre su integridad física y acceso a tratamiento médico, dada su condición de salud delicada.
Sectores opositores y organizaciones de derechos humanos consideran el hecho una desaparición y advierten sobre el riesgo de vulneraciones más graves, en un clima de creciente tensión política tras las recientes elecciones.
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