La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reiteró el viernes su “llamado urgente” por la “integridad física” del periodista y activista opositor Carlos Julio Rojas, detenido por el régimen chavista en abril de 2024 y recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, conocida como El Helicoide.
JEP denunció en la red social X que Rojas continúa privado de libertad “sin juicio, sin acceso a defensa privada y sin garantías de justicia”, al tiempo que exigió “libertad” para el activista.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) informó que Rojas se encuentra aislado desde hace dos semanas y no ha recibido visitas. El gremio denunció además que no se le permite el ingreso de medicamentos, a pesar de que padece hipertensión y requiere tratamiento. “No más violaciones a los derechos humanos”, solicitó el CNP al exigir su liberación.
Rojas fue detenido el 15 de abril de 2024. El fiscal general de la dictadura Tarek William Saab lo acusó de los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
Según las autoridades del régimen, habría estado vinculado a un presunto plan para asesinar al dictador Nicolás Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura para las elecciones presidenciales de julio de 2024, comicios en los que el mandatario fue proclamado ganador de forma ilegítim por el Consejo Nacional Electoral.
En paralelo, el partido opositor Voluntad Popular (VP) exigió conocer el paradero de su activista José Riera, detenido hace 20 días. “20 días sin saber dónde está, en qué condiciones lo tienen o si sigue con vida (...). Basta de jugar con el dolor de la gente, basta de la represión y la persecución”, expresó la organización en un comunicado publicado en X.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) aseguró que Riera “permanece desaparecido de forma forzada” desde el 26 de julio, cuando fue detenido “arbitrariamente por cuerpos del Estado” en Caracas. De acuerdo con la organización, familiares del activista recorrieron “múltiples centros de reclusión”, sin obtener información sobre su paradero.
El CLIPP indicó que los parientes acudieron a la Fiscalía para denunciar la desaparición, pero la institución respondió que “no tiene datos sobre su paradero”. La ONG alertó que la familia teme por su vida, debido a que Riera requiere medicación permanente para tratar hipertensión arterial y cuadros alérgicos.
La organización exigió al Estado informar “inmediatamente” sobre los motivos y el lugar de detención, permitir acceso a abogados, familiares y atención médica, así como abrir una “investigación independiente sobre su detención y desaparición”.
También solicitó la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de que se pronuncie sobre este y otros casos de presunta desaparición forzada en el país.
(Con información de EFE)
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