
Voluntad Popular (VP) volvió a reclamar la liberación de Jeancarlos Rivas, su coordinador juvenil en La Guaira, este jueves, cuando se cumple el decimocuarto mes desde su detención —ocurrida el 14 de junio de 2024—, según denunciaron desde el partido. Rivas, de apenas 19 años al momento del arresto, permanece recluido en El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, acusado de “incitación al odio” y “asociación para delinquir”.
VP destacó en un mensaje: “Seguiremos exigiendo su liberación, alzando nuestra voz una y otra vez, porque su libertad es justicia, es democracia y es el futuro de Venezuela”.
El partido agregó que el régimen pretendió “silenciar” su voz, pero “no lo logrará, porque el activista de 19 años es, entre otras cosas, un símbolo de la esperanza de toda una generación”.
El propio partido ha recordado que Rivas comenzó a hacer política a los 14 años en La Guaira, defendiendo oportunidades y una Venezuela distinta.
La madre de Rivas ratificó su inocencia con voz firme: “Mi hijo lo que hizo fue asistir a una marcha y todo terminó tranquilamente”.
Amnistía Internacional ha denunciado que la detención de Rivas forma parte de la política de represión del régimen de Nicolás Maduro y exigió que se termine esa dinámica de hostigamiento político.
El caso de Jeancarlos Rivas ejemplifica cómo el régimen criminaliza incluso la juventud política. Su arresto tras un acto público de apoyo electoral se inscribe en un patrón de represión dirigido a silenciar voces emergentes.
El contexto pos-electoral es particularmente tenso: tras el fraude cometido por el chavismo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se desencadenó una ola de detenciones de dirigentes, activistas y periodistas, con un desempeño represivo sostenido en el tiempo. En ese marco, organizaciones de derechos humanos han denunciado prácticas sistemáticas como desapariciones forzadas, aislamiento prolongado y negación de defensa legal.

El régimen también ha utilizado la liberación de presos políticos como herramienta de negociación diplomática. En julio se liberaron decenas de opositores en el marco de acuerdos con Estados Unidos, incluyendo ciudadanos estadounidenses y el retorno de migrantes venezolanos desde El Salvador. Human Rights Watch ha advertido que este tipo de acuerdos configura un patrón de control autoritario: se liberan algunos presos para aplacar presiones internacionales, mientras siguen deteniendo a otros sin pausa.
Por otra parte, la organización no gubernamental Foro Penal informó que actualmente hay 807 presos políticos en Venezuela, una cifra que refleja las recientes 55 excarcelaciones y nueve nuevos arrestos, en lo que ha calificado como una práctica sistemática de “puerta giratoria”, es decir, “unos salen de la cárcel pero otros entran”, según detalló a través de un balance difundido en sus canales oficiales.
Del total de detenidos, 712 son hombres y 95 mujeres, entre ellos cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años, según datos publicados por la ONG en la red social X. La organización precisó además que 638 son civiles y 169 militares, y que 652 de estas personas permanecen encarceladas sin condena. En cuanto al origen, 83 de los presos tienen nacionalidad extranjera.
Desde 2014, Foro Penal ha documentado 18.455 detenciones políticas, y asegura que ha brindado asistencia legal a “más de 14.000” personas que luego fueron liberadas. A pesar de estas excarcelaciones, actualmente “más de 9.000” ciudadanos siguen sujetos “arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad”, afirmó la ONG.
La última lista de presos políticos fue enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la ONU con el objetivo de que sea “verificada y certificada”, agregó Foro Penal en X.
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