Rafael Tudares, yerno del líder antichavista Edmundo González Urrutia, cumple este lunes seis meses preso en Venezuela de forma “arbitraria”, denunció la esposa del detenido, Mariana González, quien aseguró que no ha podido verlo ni ha tenido una prueba de vida de su pareja en ese período.
“Seis meses sin poder verlo, seis meses sin escuchar su voz, seis meses viviendo un duelo suspendido y una incertidumbre que no cesa, seis meses sin una fe de vida y sin saber absolutamente nada sobre su existencia”, dijo la esposa en un video en X.
Asimismo, negó la “serie de hechos y supuestos delitos” que se le imputan, entre ellos una presunta vinculación con la agencia estadounidense FBI, lo que -afirmó- es “total y absolutamente falso, bien alejado de la realidad, y las autoridades del Estado lo saben”.
“Todo lo que están creando para mantener a Rafael en cautiverio y clandestinamente preso es falso, porque Rafael es inocente. Se nos están violando los derechos humanos. A Rafael, el derecho al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, el derecho a tener visita de su familia, el derecho a tener un abogado de confianza”, expresó.
En ese sentido, dijo que la administración de justicia “debe garantizar los derechos humanos y hacerlo de manera imparcial y de manera ecuánime”.
Este domingo, González denunció que este “aislamiento en privación de libertad es una forma de tortura, trato cruel, inhumano y degradante que viola el derecho establecido en el artículo 46″ de la Constitución venezolana.
El artículo que citó señala que “ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, y todo aquel que esté detenido será tratado “con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
El jueves, González reiteró su petición para que se permita la comunicación y abogados de confianza para su esposo, quien fue detenido el 7 de enero, tres días antes de la juramentación para un tercer mandato del dictador Nicolás Maduro tras su cuestionada reelección en julio de 2024 proclamada por el organismo comicial, que controlan funcionarios afines al chavismo.
El pasado 23 de junio, informó que un tribunal acordó el avance a juicio de Tudares por los presuntos delitos de “forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento”.
Por otra parte, la organización Provea denunció este jueves que al menos cinco defensores de derechos humanos permanecen “encarcelados injustamente” en Venezuela. Provea exigió al Estado la liberación inmediata de los detenidos, la garantía de juicios justos, el establecimiento del contacto con familiares, la asistencia legal y el cumplimiento de obligaciones internacionales. Entre los casos citados figuran el de Rocío San Miguel, detenida en febrero de 2024 y acusada de “terrorismo y traición a la patria” cuando presidía la ONG Control Ciudadano, y el de Javier Tarazona, director de Fundaredes, detenido en julio de 2021 tras denunciar amenazas contra él vinculadas a investigaciones de abusos en la frontera con Colombia.
El Foro Penal contabilizó 932 presos políticos en Venezuela, cifra rechazada por Nicolás Maduro y el fiscal general Tarek William Saab, quienes niegan la existencia de prisioneros por motivos políticos y afirman que las detenciones responden a hechos delictivos, declaraciones disputadas por las ONG y partidos opositores.
(Con información de EFE)
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