Andreína Baduel, hija del ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel -quien murió en 2021 en la cárcel tras 12 años detenido-, exigió este lunes información sobre su hermano Josnars Adolfo Baduel, arrestado desde 2020, de quien asegura no saber nada desde finales de enero pasado.
“Se cumplen 3 semanas de la arbitraria e indefinida suspensión de visitas a Josnars Adolfo Baduel”, escribió Andreína Baduel en la red social X.
Así mismo, afirmó que la vida de su hermano “está en riesgo por las secuelas de tortura” que -asegura- sufrió en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, donde estuvo detenido previamente, y por las “condiciones inhumanas” a las que -advierte- “es sometido” en el penitenciario Rodeo I, en el estado Miranda (norte), cerca de la capital venezolana.
“Exigimos una fe de vida”, reclamó la joven en su publicación.
El pasado lunes, Baduel denunció un “aislamiento” al que es “sometido” su hermano -acusado de los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria- en la cárcel donde se encuentra recluido.
La activista indicó que funcionarios del centro penitenciario le dicen que “no conocen el tiempo ni el motivo” de lo que describe como una “arbitraria e indefinida suspensión de visitas” a su hermano desde el pasado 26 de enero, cuando lo vio por última vez.
Hasta el pasado 10 de febrero, la ONG Foro Penal computaba 1.194 detenidos que define como presos políticos, en su mayoría arrestados tras los comicios de julio pasado, cuando se desató una crisis a raíz de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro proclamada por el Consejo Nacional Electoral -controlado por rectores afines al chavismo- y la denuncia de “fraude” por parte de la oposición mayoritaria, que reclama el triunfo de Edmundo González Urrutia.
El Centro Carter ratificó que las elecciones presidenciales de Venezuela no fueron democráticas
En otro orden, el Centro Carter publicó este lunes su informe final sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, y ratificó que el proceso “no cumplió con estándares internacionales de integridad electoral y no puede considerarse democrático”.
El informe destaca que, a pesar de que el Acuerdo de Barbados estableció compromisos para mejorar las condiciones electorales, “el proceso electoral reflejó un claro sesgo a favor del presidente en ejercicio”.
Dicho sesgo se hizo evidente en el proceso de inscripción de candidatos, la exclusión de la mayoría de los votantes en el exterior y en las condiciones manifiestamente desiguales para la campaña.
El documento también señala que “la falta de transparencia en el anuncio de los resultados y la aparente falsificación del resultado” hicieron que las autoridades venezolanas “siguieran siendo incapaces de cumplir varias condiciones fundamentales para una elección democrática”, entre ellas la existencia de un marco legal neutral, un organismo electoral imparcial, libertad de campaña y mecanismos efectivos para resolver disputas.
(Con información de agencias)
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