El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela exigió este lunes la liberación de 11 trabajadores de prensa, la mayoría detenidos tras los comicios de julio del año pasado, en el contexto de la crisis que vivió el país después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicara una cuestionada victoria en las presidenciales a Nicolás Maduro.
El CNP afirmó que los periodistas han sido sometidos a un proceso “injusto y violatorio” de los derechos humanos y agregó que la mayoría de ellos son acusados de presuntos delitos como terrorismo, incitación al odio y alteración del orden público.
Los 11 periodistas detenidos son Carlos Julio Rojas, Leandro Palmar, Belices Cubillán, Julio César Balza, Roland Carreño, Biagio Pilieri, Víctor Ugas, José Camero, Gabriel González, Luis López y Ramón Centeno.
Igualmente, el CNP pidió la libertad para los periodistas Claudia Macero y Omar González, quienes permanecen asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil desde agosto del año pasado tras la salida del cuerpo diplomático del país austral.
Macero y González, ambos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, ingresaron a la sede diplomática en marzo del año pasado tras ser acusados por la Fiscalía de delitos de “conspiración” y “traición a la patria”.
A juicio del gremio periodístico, en Venezuela está “en peligro el derecho al ejercicio de libertad de expresión”, algo que denunció recientemente la ONG Espacio Público, que documentó en enero 67 violaciones a la libertad de expresión, 54 más que en diciembre.
Espacio Público señaló que la mayor parte de las violaciones registradas en enero fueron perpetradas por el Estado, “30 de ellas las ejecutaron instituciones públicas, seguidas por ocho cuerpos de seguridad, tres funcionarios y una por el Poder Ejecutivo”.
En otro orden, la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció que a la activista Rocío San Miguel, quien cumplió este domingo un año detenida, “se le siguen violando sus derechos a la defensa y al debido proceso”.
A través de X, la PUD indicó que también se “le ha negado la atención médica que requiere con urgencia”.
“Exigimos que se le respeten sus derechos y que sea liberada, al igual que todos los presos políticos en Venezuela”, manifestó el bloque opositor, que pidió una medida humanitaria para la también presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por María Corina Machado, denunció este domingo lo que consideró “un patrón sistemático de criminalización” contra San Miguel.
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