La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este lunes sobre un aumento de la represión contra periodistas y activistas en las Américas, con un énfasis particular en la situación de Venezuela, tras varios incidentes que reflejan una escalada de hostilidad contra la libertad de prensa y de expresión en el país.
El organismo denunció la desaparición de Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público, quien fue interceptado el pasado 7 de enero por individuos encapuchados en el centro de Caracas. Desde entonces, su paradero es desconocido. Según la organización que lidera, Correa fue visto por última vez alrededor de las 5:00 pm (21:00 GMT).
Diversos colectivos de derechos humanos, como Provea, y movimientos ciudadanos han calificado el hecho como una “detención arbitraria” y exigieron su liberación inmediata, afirmando que el caso ocurre en un contexto de intensificación represiva tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.
En un comunicado, Espacio Público exigió al Estado venezolano garantizar la seguridad de Correa y cumplir con los principios del Estado de derecho. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), junto a otras organizaciones, también se sumó al reclamo por su pronta aparición, calificando su desaparición como una violación a los Derechos Humanos.
Represión a periodistas y opositores
La situación se ha agravado con la detención de periodistas durante protestas opositoras en contra de la juramentación inconstitucional de Nicolás Maduro. Según el SNTP, el periodista Leandro Palmar y su asistente técnico Belices Salvador Cubillán fueron arrestados el pasado jueves en el estado de Zulia (noroeste) por militares mientras cubrían manifestaciones en rechazo a la toma de posesión de Maduro. Ambos fueron acusados de “terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y alteración del orden público”, cargos que organizaciones de periodistas y derechos humanos calificaron como un intento de criminalizar el trabajo periodístico.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Zulia exigió la liberación inmediata de los comunicadores, condenando que no se respetara su derecho a una defensa privada. Asimismo, denunció lo que considera una “flagrante violación a la libertad de prensa” en un contexto de creciente hostigamiento contra quienes documentan los acontecimientos en Venezuela.
A su vez, Julio Balza, periodista del equipo de prensa de la opositora María Corina Machado, fue arrestado en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) cuando se dirigía a su vehículo tras una protesta opositora. Su familia pidió su liberación y aseguró que el reportero “no ha cometido delito alguno”.
Restricciones a plataformas digitales
Por otra parte, la SIP denunció informes sobre el presunto bloqueo de la plataforma TikTok en Venezuela, reportado por usuarios desde la semana pasada. La organización vinculó el hecho con amenazas previas de Maduro de endurecer el control sobre redes sociales, en un contexto de crecientes restricciones digitales que han limitado el acceso a información independiente.
Contexto político
Las denuncias ocurren en medio de una crisis política agravada tras la reelección de Maduro en los comicios de julio, cuya legitimidad fue ampliamente cuestionada por la oposición y diversos organismos internacionales.
La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, denunció fraude electoral y reclamó su victoria, respaldada por múltiples gobiernos extranjeros. Desde su toma de posesión inconstitucional el pasado viernes, Maduro ha enfrentado protestas masivas y una creciente presión internacional por violaciones a los derechos humanos y restricciones a las libertades democráticas.
La SIP y diversas organizaciones internacionales han señalado que estas acciones forman parte de una “escalada represiva” que busca silenciar las voces críticas y coartar el derecho a la información en Venezuela.
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