El Centro Carter ha emitido un comunicado detallando las numerosas infracciones y deficiencias observadas durante las elecciones presidenciales en Venezuela de 2024, subrayando que “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. Además, el Centro Carter enfatizó que no pudo verificar o corroborar la autenticidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.
Según el comunicado, la autoridad electoral no proporcionó resultados desglosados por mesa electoral, lo cual constituye una “grave violación de los principios electorales”. El proceso se desarrolló en un “ambiente de libertades restringidas” afectando negativamente a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. De acuerdo a estos observadores, las autoridades del CNE mostraron una “parcialidad a favor del oficialismo” y en detrimento de las candidaturas opositoras.
Entre los problemas específicos enumerados por el Centro Carter, se destaca la actualización del registro de electores que se realizó con “numerosos inconvenientes” tales como plazos muy cortos y una escasa información pública. Además, la situación se agravó para los ciudadanos en el exterior, quienes enfrentaron “barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias” para inscribirse en el padrón electoral.
En cuanto a la campaña electoral, el desequilibrio a favor del gobierno fue notable. La candidatura oficialista disponía de recursos “muy amplios”, resultando en una gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos y la movilización de funcionarios para la campaña. Aparte, hubo un predominio de la candidatura gubernamental en medios de comunicación, tanto en publicidad como en la cobertura noticiosa.
Pese al contexto restrictivo, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para votar. En relación con esto, el Centro Carter observó que, aunque la jornada de votación fue cívica, existieron “restricciones en el acceso a recintos” para observadores y testigos de partidos, así como mecanismos de presión sobre el electorado e “incidentes de tensión o violencia” reportados en algunas localidades.
El comunicado también subraya que el registro de partidos y candidatos no cumplió con los estándares internacionales. En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido “intervenciones judiciales” que afectaron a sus líderes social y políticamente más reconocidos, beneficiando a personas afines al gobierno e influenciando la conformación de sus candidaturas. Se recalcó que la inscripción de las principales fuerzas de oposición se encontró sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales, quienes “adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”.
A pesar de este escenario adverso, el pueblo venezolano demostró su voluntad de participar en un proceso electoral democrático. Los equipos de observadores del Centro Carter, presentes en un número limitado de recintos, constataron el “compromiso cívico” de los venezolanos, siendo la falta de transparencia del CNE en la difusión de los resultados una gran decepción para quienes esperaban una elección justa.
Finalmente, sobre la misión técnica de observación electoral del Centro Carter en Venezuela, se informa que este organismo fue invitado por el CNE y firmó un memorando de entendimiento para asegurar que la misión pudiera observar libremente. El Centro Carter desplegó 17 expertos y observadores desde el 29 de junio, con equipos en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia. Esta misión se reunió con una amplia gama de actores, entre ellos candidatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
El Centro Carter está comprometido con la observación electoral imparcial e independiente, habiendo observado 124 elecciones en 43 países. Un informe final detallará todos los hallazgos relevados en el comunicado.
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