El fiscal general impuesto por el régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, aseguró este viernes que el empresario Ricardo Albacete -que, a finales de junio, hospedó a la líder opositora María Corina Machado en Táchira (oeste)- está vinculado con un plan de sabotaje eléctrico relacionado con las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En una rueda de prensa, el funcionario chavista explicó que Albacete y otro venezolano llamado Aldo Roso Vargas -detenido el miércoles en Caracas- están detrás de una empresa ubicada en Táchira, que “funcionaba como centro de acopio de material estratégico hurtado al sistema eléctrico nacional”.
“Se tiene por información de Inteligencia que, además, los detenidos han recibido financiamiento desde el exterior para sostener la campaña de la extrema derecha neonazi y movimientos de desestabilización del país”, sostuvo.
El jueves, la oposición venezolana denunció la desaparición forzada de Albacete, a quien los cuerpos de seguridad le allanaron varias propiedades, incluyendo el inmueble en el que se hospedó Machado, cuando encabezó actos multitudinarios de apoyo a Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática.
Saab responsabilizó a los detenidos por el “robo” de materiales del Estado, “acciones reprochables que han escalado durante este mes de julio”, en medio de la campaña electoral.
“Al realizar los allanamientos, se pudo verificar que estos ciudadanos tenían en su poder gran cantidad de material estratégico, perteneciente a (la estatal) Corpoelec. Todos estos elementos están valorados en unos 150.000 dólares (...) Todo lo encontrado allí es propiedad del Estado venezolano y no hay motivos para que estén en un galpón”, añadió.
El ex diputado y defensor de derechos humanos Walter Márquez precisó que Albacete Vidal fue detenido en Caracas, a donde había viajado para reparar un vehículo de la campaña electoral de la oposición.
“Asaltaron su vivienda en Palmira, municipio Guasimos, llevándose retenidos a trabajadores”, denunció Márquez en una rueda de prensa este viernes.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la mayor coalición opositora- alertó sobre el incremento la represión y persecución política por parte de la dictadura de Maduro, con ayuda de instituciones como la Fiscalía y la agencia tributaria, pues varios hoteles y restaurantes sufrieron sanciones luego de haber atendido a González Urrutia o a Machado en el interior del país.
Asimismo, varios trabajadores independientes que prestaron algún servicio a los opositores, como barqueros, motoristas, técnicos de sonido y conductores sufrieron detenciones temporales, prohibición de zarpe o bloqueo de instrumentos de trabajo, bajo el argumento gubernamental de falta de documentación o registros.
El régimen de Venezuela asegura que la oposición planea desestabilizar las elecciones y atentar contra la vida de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013 y quien busca un tercer periodo hasta 2031.
Machado, ganadora de las primarias de la oposición, fue inhabilitada políticamente, pero ha seguido en campaña por todo el país para promover la candidatura del ex embajador Edmundo González Urrutia, quien la reemplazó previo acuerdo de la PUD.
Maduro pidió el martes 30 años de cárcel para quienes ataquen el sistema eléctrico. El fiscal del régimen dijo que las penas podrían ir de 20 a 25 años de prisión.
Hasta mediados de junio, Machado había denunciado la detención de 10 activistas de su partido. Las autoridades también han ordenado la detención de su mano derecha, Magalli Meda, y de otros cinco colaboradores que se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.
(Con información de EFE y AFP)
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