La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela para las presidenciales, María Corina Machado, aseguró este viernes que mantendrá una lucha por “elecciones libres”, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó hoy su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, lo que le impide participar en las elecciones de este año.
En X, Machado dijo que la decisión del Supremo -que establece que su sanción tiene una duración de 15 años, contados a partir de septiembre de 2021- pone fin al acuerdo firmado en Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que contemplaba “garantías electorales”, así como la revisión de las inhabilitaciones.
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“El régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias”, aseveró Machado.
A su juicio, con esta decisión, el líder chavista Nicolás Maduro y “su sistema criminal” escogieron “unas elecciones fraudulentas”, algo que -insistió- no va a permitir.
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El Tribunal Supremo de Venezuela mantuvo la inhabilitación a Machado en un fallo divulgado en su página web.
Con su sentencia, la máxima corte venezolana cerró el paso para que Machado, una ingeniera industrial de 56 años, pueda inscribir su candidatura para los comicios presidenciales previstos para el segundo semestre del año.
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Machado, al igual que otras figuras opositoras, han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos en lo que la oposición dice que son medidas políticas de la Contraloría General, a la que describen como un brazo del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
"La ciudadana María Corina Machado Parisca está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años", dijo el máximo tribunal.
La corte explicó su fallo usando los alegatos de la Contraloría: que Machado apoyó las sanciones de Estados Unidos y al gobierno interino al que la administración de Maduro responsabiliza de la pérdida de dinero en los activos extranjeros de Venezuela, incluido el refinador Citgo, con sede en Estados Unidos, y la compañía química Monómeros, que opera en Colombia.
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El Tribunal también decidió otros casos pendientes como el de Henrique Capriles, excandidato presidencial, a quien le ratificó su inhabilitación también por 15 años.
Estados Unidos, que en octubre alivió temporalmente las sanciones al gobierno de Maduro gracias a un acuerdo sobre garantías para las elecciones, ha condicionado la continuación de esa revisión a que Caracas comenzara a levantar las prohibiciones y liberara a los presos políticos y a los estadounidenses "detenidos injustamente".
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El 20 de diciembre, Venezuela liberó a una veintena de prisioneros venezolanos y a 10 estadounidenses a cambio de la excarcelación de un estrecho aliado del Gobierno de Maduro, Alex Saab, que estaba detenido en Estados Unidos por investigación de sobornos. Pero el tema de las inhabilitaciones aún no había sido resuelto.
Como parte del acuerdo firmado en octubre entre oposición y oficialismo, a los candidatos opositores se les permitió apelar su inhabilitación ante el máximo tribunal del país. Machado acudió en diciembre al Tribunal Supremo.
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Más temprano, tres dirigentes regionales de la campaña presidencial de Machado fueron detenidos y vinculados a una presunta conspiración contra el Gobierno, según datos aportados por la Fiscalía General.
El fiscal general, Tarek Saab, dijo que Guillermo López, Luis Camacaro y Juan Freites, ya detenidos, eran parte de un grupo de al menos 11 personas que presuntamente intentó robar el año pasado un parque de armas militares, para luego atacar a Freddy Bernal, gobernador oficialista en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.
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En medio de las denuncias de conspiraciones y en la que han sido detenidos civiles y militares, Maduro dijo el jueves que los acuerdos que firmó su Gobierno con la oposición en octubre de 2023 están "heridos de muerte".
El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro no respondieron solicitudes de comentarios.
(Con información de EFE y Reuters)
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