
Con su pequeño hijo en hombros, Dennis Font viene de cruzar la peligrosa selva panameña del Darién. Ninguna advertencia de repatriación a Venezuela lo detendrá en su empeño de llegar a Estados Unidos: “Quien no arriesga, no gana”, dice convencido.
Dennis, de 32 años, viaja con otros dos hijos y su esposa. Dejó Venezuela, donde era albañil, porque “la situación está jodida”, cuenta en Lajas Blancas, 250 km al este de Ciudad de Panamá, casi cinco horas de carretera con tramos maltrechos, en la frontera con Colombia.
Allí, en un campamento de acogida de migrantes, viene de enterarse, como muchos de sus compatriotas que pasaron cuatro días atravesando el Darién, que Estados Unidos acordó con el gobierno de Nicolás Maduro la “repatriación directa” de venezolanos que migran por vía ilegal.
La deportación comenzará “rápidamente”, afirmó un funcionario estadounidense que pidió el anonimato.
“Deberían tratar de ayudarnos más bien, de darnos apoyo, yo voy a Estados Unidos a trabajar, a sacar mi familia adelante”, lamentó Dennis.

El miedo a la deportación no es mayor que ese anhelo, para muchos en el Centro de Recepción Temporal para Migrantes de Lajas Blancas, donde organismos internacionales ayudan a las instituciones panameñas para atender a los migrantes.
“Me preocupa, aunque prefiero mil veces quedarme en otros países que (regresar) porque Venezuela es una tortura, uno se muere en carne viva, no veo futuro allá”, dice Daniel Rosales, de 27 años.
En el centro de acogida de migrantes los caminos son de tierra. Duermen en chozas de madera, en colchones en el piso, entre la ropa tendida. Afuera hay baños comunales junto a un pequeño lavadero y varias duchas improvisadas.
A este centro, visitado este viernes por los presidentes Rodrigo Chaves (Costa Rica) y Laurentino Cortizo (Panamá), llegan los migrantes en viajes organizados en canoa, tras ser detectados por las autoridades panameñas.

Chaves abogó por una política “clara de Estados Unidos” y que los países “emisores” y los “de paso” de migrantes se pongan de acuerdo “para asegurar que la gente” que llegue lo haga “de manera legal, ordenada y humanitaria”.
Igualmente, Cortizo pidió un acuerdo entre países para “evitar el viacrucis inhumano” por el Darién. “No esperemos que lleguen a la frontera con Texas, hagámoslo antes”, subrayó.
“Volver para atrás es duro”
En la puerta de un albergue, mientras peina a una de sus dos niñas con quienes viaja, la venezolana Scarlett Ibarra, de 32 años, dice aferrarse “a Dios”.
Ha cruzado el Darién con una veintena de familiares. “Después de hacer esta travesía donde uno ve tantos muertos no me gustaría que me deportaran”, confiesa.

La selva del Darién, de 575.000 hectáreas de superficie, es uno de los corredores más peligros para los migrantes que, desde Sudamérica, tratan de llegar a Estados Unidos recorriendo América Central y México.
Según el departamento de Migración de Panamá, hasta el 6 de octubre más de 417.000 personas, una quinta parte menores de edad, habían cruzado en 2023 el Darién. Esa cifra pulveriza el récord de todo el año anterior, cuando fueron 248.000.
La mayoría son venezolanos (más de 265.000), ecuatorianos (48.000) y haitianos (más de 38.000), aunque también hay asiáticos y africanos.
Muchos mueren en este camino de ríos caudalosos, plagado de animales salvajes y son víctimas de bandas criminales que los extorsionan.
Cuando los migrantes atraviesan la selva son trasladados a distintos centros donde se les brinda atención médica y servicios básicos.

Daniel asegura que volvería a cruzar el Darién, pero sólo. “Ya no arriesgaría a mi hija por ese camino”, aseguró.
Algunos cadáveres quedan en la ruta y son devorados por los animales.
Nixon Espino, un barbero de 19 años, oriundo de Maracaibo (noroeste de Venezuela), viaja con hermanos.
“Toca ir hasta allá y ver lo que sucede porque volver para atrás es duro”, dice Nixon, esperanzado en llegar a Estados Unidos, trabajar y enviar dinero para un hijo que pronto nacerá en Venezuela.
(AFP)
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