La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado el último viernes por unanimidad la Ley de Extinción del Dominio que permitirá pasar a manos del régimen los bienes comprados con dinero de la corrupción.
La propuesta de Ley fue presentada por el diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que precisó que el proyecto comprende 46 artículos, distribuidos en 4 capítulos, según ha informado el periódico ‘El Universal’.
Este mismo medio ha explicado que el citado instrumento legal “protege la propiedad privada”, pero permite actuar en contra de aquellos bienes que hayan sido adquiridos con recursos procedentes de actividades ilegales y serán entregados al Estado.
Esta normativa ha sido llevada a cabo en medio de la segunda fase de la operación ‘Caiga quien caiga’, con la que el régimen venezolano pretende atacar la corrupción dentro de las empresas estatales.
Como parte de esa misma operación, las autoridades del régimen de Venezuela capturaron en las últimas horas a dos directivos de la industria petrolera por su presunta vinculación en una trama de corrupción en sectores estratégicos, con lo que suman 27 detenidos por estos hechos, de los cuales 16 son funcionarios del Estado y 11 empresarios, informó este viernes el fiscal general, Tarek William Saab.
A través de Twitter, el titular del Ministerio Público (MP, Fiscalía) señaló que se trata de Jackeline Perico y José Lima, “adscritos a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco”, una extensa zona que alberga las mayores reservas probadas de crudo.
Ambos funcionarios, prosiguió, “serán imputados por hechos de corrupción, en donde aparecen como participantes de la trama” desarrollada en la estatal Pdvsa y en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip).
Por otra parte, informó que se investigarán los “graves hechos” de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), un día después de que la Policía Anticorrupción solicitara al ente fiscal procesar judicialmente a un “conjunto de funcionarios” de este conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros, ubicado en el estado Bolívar (sur).
El pasado 17 de marzo, la Policía Anticorrupción emitió un primer comunicado en el que solicitó la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que “ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales”.
Posteriormente, la Fiscalía confirmó que un diputado, el jefe del ente público de criptoactivos, un alcalde, cinco trabajadores de una vicepresidencia de Pdvsa liderada por Antonio Pérez -también detenido-, dos empleados de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados y tres jueces están entre los implicados en las tramas de corrupción y serán juzgados.
También integran el grupo de aprehendidos 11 empresarios que, según el fiscal, están asociados a operaciones de legitimación de capitales, procedentes de estas operaciones ilícitas en el sector petrolero y de criptoactivos.
(Con información de Europa Press)
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