El lunes último, la fiscal Mónica Cuñarro, encargada de investigar el caso de la presunta megaestafa inmobiliaria Induplack, una de las mayores de la historia reciente, pidió ampliar la indagatoria de los sospechosos procesados con prisión preventiva en el expediente: el patriarca Vito L’Abbate, sus hijos Emanuel, Juan Ignacio, Santiago y su apoderado Patricio Gastón Flores, en base a una serie de nuevas pruebas y descubrimientos.
El 10 de abril pasado, cuarenta y ocho horas después de que la jueza Paula González ordenara el procesamiento con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y estafa, L’Abbate y sus hijos se entregaron a la Justicia para quedar detenidos. Induplack, según la investigación de la fiscal Cuñarro, operaba con dos brazos: la inmobiliaria Induplack e Induplack Fiduciaria SA, que administraba los fideicomisos.
Según la acusación, desde 2012 la empresa Induplack operó en el creciente mercado inmobiliario porteño, con ofertas de obras de pozo con cuotas pesificadas, que resultaban tentadoras para pequeños inversores, personas que tras años de ahorro deseaban tener su casa. Ofrecieron, por lo menos, 14 obras en su esquema a lo largo de diversos barrios porteños, en calles como Caaguazú, Ruiz Huidobro y la avenida Rivadavia.
Con el tiempo, las demandas y causas judiciales comenzaron a apilarse. Según las acusaciones, Induplack no entregaba los departamentos. Peor aún: los damnificados “enviaban cartas documentos que no eran respondidas, muchas veces asumían su incumplimiento y se les informaba que había sido vendida a otra persona e, incluso algunos damnificados se constituían en la unidad funcional con un escribano y constataban que ya se encontraba ocupado”, escribió Cuñarro en su pedido de ampliación.
Hoy, tras el procesamiento, que incluyó a 40 víctimas, Cuñarro fue notificada de la existencia de otras cien causas penales contra Induplack formuladas en la Cámara Criminal y Correccional. En su nuevo pedido, la fiscal incorporó al menos 20 víctimas más al expediente, con damnificados que pagaron entre 25 y 35 mil dólares de adelanto, o, en varios casos, la suma completa, más de 100 mil dólares por unidad.
Así, Cuñarro pide a la jueza Paula González ampliar las indagatorias. No solo por las nuevas víctimas que se presentaron, sino también por una sospechosa trama de sociedades detectada en las últimas semanas.
“Se advierte entonces que los imputados desde el año 2008 se encuentran vinculados en 23 sociedades. Es a partir de 2019 que constituyen 14 de esas 23 sociedades”, apuntó Cuñarro.
“Así, en 2021 crearon Coti Fun S.A, en el año 2022 constituyeron Magic Party S.A y tan sólo en el año 2023 crearon 7 sociedades: 5 el 21 de junio de 2023 – Vision Home S.A, Premium Home S.A, C.E Import S.A, Full Home S.A y Beauty Glam S.A – y las otras dos 2 el 31 de agosto de 2023 – Integral Home S.A y Metro Arq S.A”, continúa la funcionaria. Sus nombres poco y nada tienen que ver con el negocio inmobiliario, lo mismo sus objetos sociales.
Al menos siete sociedades constituidas entre 2021 y 2023 -los años en donde, según las denuncias, entregaron su dinero gran cantidad de víctimas- tienen la misma sede social y los mismos integrantes del directorio. Las preside la esposa de Emanuel L’Abbate, que, a su vez, era el director suplente. Magic Party, por ejemplo, figura registrada como empleadora en ARCA, con aportes pagos e impagos hasta, al menos, marzo último. Esto, para
Emanuel L’Abbate, precisamente, fue el único imputado que se decidió a dar explicaciones luego de que su padre y sus hermanos se negaran a declarar. El 15 de abril pasado, presentó un descargo donde intentó justificar la proliferación de empresas al explicar que en el año 2018 sufrieron un default por 14 millones de dólares, por lo que empezaron a vender activos de la familia para evitar un concurso de acreedores: “El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden... Por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios”, aseveró Emanuel.
Sin embargo, la fiscal no le cree. Cuñarro aseguró en su pedido a la jueza González que la creación serial de nuevos negocios no es “ni más ni menos que otra maniobra defraudatoria de la asociación ilícita, pues lo que el imputado menciona como “generar ganancias”, no era más que un autofinanciamiento a través de la reventa de unidades”.
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