Luego de que los siete acusados de haber participado del delito de sustracción de menor de diez años de Loan Danilo Peña, el menor de 5 años que desapareció el pasado 13 de junio en Corrientes, fueran procesados formalmente, la Justicia aprobó la solicitud de Mónica Millapi para cumplir con una prisión domiciliaria. La medida no quedó fija, por lo que los familiares del niño podrían apelar para que sea revocada.
Esta semana, la jueza federal a cargo de la investigación del caso, Cristina Pozzer Penzo, ratificó las prisiones preventivas de Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica Del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, por lo que la defensa de la mujer presentó un escrito para acceder al beneficio. De esta manera, las autoridades le dieron el permiso de cumplir con la medida desde la provincia de Neuquén, en donde se encuentran sus hijos menores de edad.
Frente a esto, el abogado de los padres del menor desaparecido, Juan Pablo Gallego, señaló que el beneficio no estaría asegurado, ya que presentarían una apelación para que continúe tras las rejas. “Se hizo todo mal, la investigación está mal hecha”, reprochó al ratificar: “Queremos llegar a un juicio y evitar todo tipo de nulidades”.
De acuerdo a las declaraciones recopiladas por el medio MDZ, el letrado se refirió a los procesamientos que se dieron a conocer el miércoles pasado al apuntar que los siete detenidos “cumplieron un rol y sabían lo que hacían”. No obstante, remarcó que no había que perder el eje de la investigación: dar con el paradero de Loan. Asimismo, se confirmó que la hipótesis por trata de personas habría quedado afuera del caso, tras no recabarse las pruebas suficientes para reforzar las sospechas.
Hasta el momento, el más complicado en la causa sería el ex comisario Walter Maciel, quien fue procesado por presuntamente ser el “autor material penalmente responsable del delito de presunta sustracción y ocultamiento del menor de 10 años en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y su calidad de funcionario público”. Además, fue imputado pro amenazas en concurso real, una figura penal que también fue atribuida a Caillava.
Después de varios meses de investigación, la jueza planteó que cada uno cumplió un rol específico en la sustracción y ocultamiento del niño. Las acusaciones apuntan a que, lejos de actuar en favor de su búsqueda inmediata, habrían entorpecido el proceso mediante acciones como alteración de pruebas, comunicaciones confusas y conductas evasivas. En particular, se señala a Maciel por presunta colaboración en el encubrimiento del caso y manipulación de elementos probatorios.
Según testimonios y análisis forenses, Caillava y Pérez habrían utilizado su camioneta Ford Ranger para transportar al menor fuera del área. Pericias odorológicas realizadas en ese vehículo y en un Ford Ka de su propiedad indicaron rastros consistentes con el menor en los asientos traseros.

Incluso, las pruebas con Luminol mostraron reacciones positivas en áreas específicas, como el baúl y los guardabarros. Esto alimenta la hipótesis de que Loan pudo haber sido transportado en esos coches. No obstante, no se determinó el motivo por el que grupo habría planeado la sustracción del menor, debido a que todos brindaron relatos poco coherentes entre sí sobre lo que ocurrió el día que Loan desapareció del naranjal ubicado cerca de la casa de su abuela paterna, Catalina Peña.
Por otro lado, se decidió también una serie de embargos, ya que Caillava y Pérez fueron inhibidos en sus bienes y cuentas por 20 millones cada uno, Maciel, por ocho millones, y un millón cada uno para los acusados restantes. En paralelo, se dispuso que las primas de Loan, Macarena Benítez y Camila Núñez, vuelvan a ser citadas a declarar, debido a que ambas “brindaron versiones diferentes sobre el horario y orden de llegada”. Además, Antonio Benítez también volverá a ser citado, luego de que pidiera volver a declarar.
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