Crimen del colectivero: el gobierno bonaerense ordenó avanzar contra las empresas que no invierten en cámaras

El asesinato del colectivero de la línea 620, Daniel Barrientos, en el barrio Virrey del Pino del partido de La Matanza, sumado al ataque posterior que sufrió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por parte de compañeros y amigos del colectivero -que este mediodía reclamaban justicia ante la muerte del trabajador- obligó al gobernador bonaernese, Axel Kicillof, a generar una reunión de emergencia entre Berni, su par de Transporte, Jorge D’Onofrio, y el titular de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández.

Según pudo reconstruir Infobae, en el encuentro que se llevó adelante esta tarde en el despacho del gobernador, Kicillof pidió avanzar con penalidades a las empresas que recibieron los fondos para la instalación de cámaras de seguridad y no las instalaron. Por ley, en 2021, el gobierno bonaerense desembolsó $2.500 millones a empresas de colectivos en lo que respecta a subsidios. De allí se desprendía que las cámaras empresariales deberían haber avanzado en la instalación de dispositivos de seguridad.

Según el Ministerio de Transporte, las empresas hicieron una inversión “a medias”: la mayoría que instaló cámaras lo hicieron sin chip, es decir, sin grabar ni posibilidad de transmitir imágenes y usaron los recursos para otras cuestiones. Esta tarde, el mandatario le pidió a D’Onofrio que avance contra las empresas que no hicieron la inversión. “Están intimadas las empresas para colocar las cámaras que están faltando”, contestó el funcionario.

Tras la reunión, Roberto Fernández dijo en conferencia de prensa desde el portón de la gobernación bonaerense que “el paro nacional y en la Ciudad no existe” y que la UTA tomó la decisión de hacer un paro “solo en zona oeste”. En el gobierno bonaerense, interpretan que Fernández no puede contener a las bases y que las medidas de fuerzas podrían sostenerse. “No nos sentimos representados por Roberto Fernández, tiene que renunciar”, decían en horas de la tarde quiénes seguían protestando en General Paz y Alberdi.

En lo que refiere a los anuncios, D’Onofrio planteó: “Están las empresas para colocar las cámaras que están faltando. La idea es que muy pronto tengamos en funcionamiento el centro de monitoreo con inteligencia artificial, con toda la tecnología que podamos poner”.

La ley 14897 fue sancionada en diciembre del 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal, e impulsada por el diputado provincial de Juntos Martín Domínguez Yelpo, que a su vez es el hijo del secretario general adjunto de la UTA, Rubén Domínguez, y también forma parte del gremio. En 2018, por resolución del ministerio de Seguridad que entonces conducía Cristian Ritondo, se había definido también la utilización de botones antipánicos, los cuales deberían “llevar la señal de alarma al centro de monitoreo designado por la autoridad competente”. La autoridad competente era el ministerio de Seguridad. La resolución también explicaba que esa cartera implementaría un Centro de Monitoreo. A la fecha, no hay centros de monitoreo funcionando para esta finalidad.

Por los incidentes, Berni dijo que hay infiltrados. “Estamos en una situación política, ustedes empiecen a fijarse quiénes son; pero para mí no son excusas. Nosotros trabajamos y nos metemos”, dijo el ministro, que en horas de la tarde exhibía puntos de sutura en la parte trasera de la cabeza, además de moretones y magullones sobre su rostro. Al salir de la reunión, se fue caminando en soledad hasta el ministerio que conduce, ubicado a trescientos metros de la gobernación. “Vamos Berni...mandale bala, mandale bala”, le dijo un transeúnte. El ministro siguió su paso.

La situación vivida por el asesinato de Daniel Barrientos alteró la agenda y el día que tenía encaminado Kicillof. El gobernador esperaba por la tarde recibir a intendentes del interior de la provincia y llevarse una foto con los jefes comunales -en su mayoría de la UCR- en el marco de la firma de acuerdos del programa Municipios a la Obra. Lo que iba a ser un acto con transmisión en vivo, debió mutar solo a la firma de los acuerdos y por tandas. Los intendentes pasaron por el Salón de los Acuerdos, firmaron por las obras y siguieron rumbo a sus municipios. Kicillof participó brevemente de la firma y estuvo acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario.

Algunos de los intendentes que se cruzaron con el gobernador, -36 en total- transmitieron que Kicillof hizo hincapié en lo sucedido en la madrugada de este lunes y le transmitió su preocupación.

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