El silencio público de Cristina Fernández de Kirchner, la lejanía política de Máximo Kirchner y el apoyo institucional de Joseph Biden a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), causó un giro inédito en la agenda diplomática de Alberto Fernández en la Organización de Estados Americanos (OEA): Argentina acompañó a Estados Unidos en la condena al régimen de Daniel Ortega por la muerte del preso político Hugo Torres en Nicaragua.
La sesión de la OEA se extendió durante casi dos horas, y la resolución condenatoria que exige “la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua” fue aprobada por 27 estados miembros: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
El voto de Argentina rompe su estrategia común con Bolivia y México respecto a la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Los gobiernos de Luis Arce y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mantuvieron en su posición de abstención diplomática, pese a la muerte del preso político Torres.
Y a su vez, la decisión de política exterior de Alberto Fernández coloca al país -de nuevo- en sintonía con los restantes miembros del Mercosur. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay coincidieron en condenar las detenciones clandestinas de los opositores al régimen de Ortega.
El 13 de junio de 2021, la policía secreta de la dictadura sandinista detuvo a Torres durante un ola de arrestos ordenada por Ortega para eliminar la oposición política en Nicaragua. Y ocho meses más tarde, en la cárcel de Chipote, Torres apareció muerto en su celda.
El general Torres, excompañero de revolución de Ortega, ingresó a Chipote con excelente estado físico. El 12 de febrero, con la salud quebrada, fue encontrado sin vida.
La declaración de condena por la muerte de Torres fue presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos. Hasta este momento, Argentina siempre se había negado a acompañar a Washington en sus posiciones contra los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Pero Alberto Fernández ejecutó ahora un inesperado movimiento diplomático que lo acerca a Washington cuando se ultiman los detalles del probable acuerdo con el FMI.
Argentina ya había condenado la existencia de presos políticos en Nicaragua -el pasado 15 de junio-, en una declaración que compartió con México. Y casi una semana más tarde llamó a consulta al embajador Daniel Ortega, en repudió a nuevas redadas ilegales ejecutadas por la dictadura.
En este contexto, la novedad consiste en observar como la Cancillería ahora comparte la misma mirada que el Departamento de Estado tiene al momento de condenar la muerte del preso político Torres.
“La situación en Nicaragua es un desafío a estos valores y principios. Nuestra organización, y nosotros los Estados miembros de la OEA, no podemos quedarnos satisfechos con la inacción. Ninguno de nosotros puede permanecer en silencio ante la tragedia que se desarrolla en Nicaragua, donde el sufrimiento humano aumenta a medida que los derechos políticos, civiles y humanos, que todas nuestras naciones aprecian, son ignorados, erosionados y violados”, sostiene la declaración que apoyó la Argentina junto a otros veintiséis miembros del foro regional.
Y agregó la declaración para que no hayan dudas sobre la postura del continente respecto a la dictadura sandinista: “Consideramos la continuación de la detención de presos políticos como una grave violación de los valores comunes a los que todos los Estados miembros de la OEA han declarado su adhesión. Juntos alzamos nuestras voces en solidaridad con el pueblo de Nicaragua, con las víctimas de abusos a los derechos humanos y con sus familiares, al reiterar nuestra firme convicción de que todos los presos políticos en Nicaragua deben ser liberados de inmediato”.
La novedosa posición diplomática de la Argentina causó un silencioso debate en el Frente de Todos, pero finalmente Alberto Fernández convalidó una postura que era resistida por el kirchnerismo duro. Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA y aliado político de la Vicepresidente, se fue de vacaciones.
El tratamiento de la declaración condenatoria por la muerte del general Torres exhibió la unidad de criterio político que existe en la OEA respecto a la dictadura que impera en Nicaragua. Los discursos explicitaron la persecución que ejecuta Ortega contra sus adversarios políticos y la necesidad de lograr una transición democrática en el país centroamericano.
Luis Almagro, secretario General de la OEA, citó a Augusto Sandino, el embajador de Perú a Rubén Dario y su colega de Estados Unidos a Arthur Koestler. Utilizaron tres referentes de la libertad para argumentar en contra del régimen que lidera Ortega junto a su esposa Rosario Murillo.
Hace ya mucho tiempo que sus obras se leen muy poco en Managua.
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