Avanza la investigación por la filtración de datos de la Agencia Federal de Inteligencia

El 28 de septiembre pasado cuatro ex integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunciaron a Cristina Caamaño, la interventora del organismo, a raíz de la filtración de decenas de identidades de personas que trabajan o trabajaron como agentes a partir de que se hiciera público un documento judicial que se sumó a la causa por espionaje ilegal que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora.

Esa denuncia se realizó luego de que Infobae publicara que habían quedado expuestos los nombres de decenas de agentes y ex agentes de la AFI a partir de la difusión de un documento que se agregó a la causa en la que se investiga espionaje ilegal en Lomas de Zamora y que pudieron leer las 80 partes con acceso al expediente judicial. El documento que en septiembre pasado fue publicado por varios medios –entre ellos Infobae– es una copia en formato PDF del libro de protocolos de resoluciones de la AFI donde se volcaron las cuestiones administrativas tomadas entre diciembre de 2015 y enero de 2019.

La denuncia quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Servini e interviene como fiscal Eduardo Taiano. Los ex agentes señalaron a Caamaño como la responsable de la filtración. En tanto la interventora de la AFI hizo otra denuncia por el mismo hecho en el que no responsabilizó a nadie directamente. Caamaño pidió que se investigara la situación que se produjo una vez que la copia del libro de resoluciones llegó a la fiscalía de Lomas de Zamora y fue puesto a disposición de las partes el expediente en el sistema informático judicial. Sin embargo Caamaño recordó en su denuncia que cuando envió el material sensible a la fiscalía de Lomas de Zamora lo hizo acompañado de un oficio por el cual pedía que se tuviera en cuenta la calidad de secreto de su contenido. Los fiscales del caso de Lomas de Zamora donde se investiga a la dirección de la AFI durante el macrismo por espionaje ilegal son Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Diputados de la oposición también hicieron una denuncia sobre el mismo hecho.

La jueza Servini citó a ratificar la denuncia a los cuatro agentes que originalmente se presentaron y otros diez que se sumaron como involucrados en el caso. Los ex agentes se agraviaron porque a partir de la filtración sus nombres quedaron expuestos públicamente. Muchos de ellos jamás habían revelado dónde trabajaban ni a su familiares ni a sus amigos. También salieron a la luz nombres de agentes que cumplieron tareas en el exterior y se revelaron los países con los que la AFI había firmado convenios de colaboración.

Los nombres que quedaron expuestos pertenecen a diferentes administraciones. Aparecieron en el documento los de los que llegaron con el gobierno macrista y los de los que dejaron la central de espías y habían ingresado durante el kirchnerismo. Pero también se pudieron leer las identidades de aquellos que hicieron trámites de jubilación y habían ingresado durante gobiernos anteriores.

Infobae accedió a través de fuentes vinculadas al caso a las ratificaciones de los denunciantes: varios de ellos son jubilados y revistaron en áreas operativas de la central de inteligencia y en la de análisis de la información.

Un veterano de la AFI, ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), señaló ante Servini y Taiano: “Yo lo que conozco aunque no era mi área pertinente, es que la documentación que sale si hay nombres o cuestiones o distintos nombramientos tiene que estar en una situación de lo que se pide el Juzgado o Ministerio tienen que estar los nombres de las personas, lo demás debe ser testado, cosa que no pasó en esta situación. Con lo cual me compromete a mí en lo personal que luego de 33 años se sepa mi nombre y apellido y donde trabajo. Existe un protocolo y está dentro de la ley porque es una ley secreta”.

Otro ex agente explicó cómo era el procedimiento habitual para mandar información desde “La secretaría” a los juzgados o fiscalías que lo requirieran: “En realidad toda la vida existieron, resoluciones del titular del organismo que se llamaban normas de contrainteligencia de medidas de seguridad para la documentación, qué significa esto, que cuando uno quería sacar documentación de la secretaría porque lo pedía un juzgado o fiscalía había un protocolo, una medida de seguridad hecha por contrainteligencia, porque se llaman así normas de seguridad de contrainteligencia para la documentación, hay para los bienes, para las personas, y ese protocolo se aplicaba siempre. Era muy sencillo que en este caso se omitió”.

Otro de los ex agentes cuyo nombre fue expuesto en la documentación dijo que se “sintió perjudicado dado que varios conocidos, entre ellos abogados le hicieron saber antes que él se enterara o que leyera donde estaba identificado, y que luego de guardar un secreto durante mucho tiempo y revelarlo a esta altura de su vida era complicado”.

Otro de los que declaró dijo: “Le pareció una locura lo ocurrido, después de haber estado 20 años en el organismo, y hecho los cursos de contrainteligencia, seguridad de información y documentación. Que se enteró de la situación a través de un compañero y no lo podía creer porque jamás se había hecho una cosa semejante. Que incluso con conocidos a quienes les había ocultado su lugar de trabajo tuvo que darles explicaciones no queridas”.

En medio de la pandemia la causa comenzó a moverse. Servini acumuló en su expediente una denuncia que se había hecho en Lomas de Zamora. Y también ordenó una medida de prueba que fue fijada para 2021. La jueza citó a declarar como testigo a Miguel Ángel Toma quien fue el director de la SIDE durante el gobierno de Eduardo Duhalde. La citación como testigo se debe a que Toma escribió una columna en el diario Clarín a raíz de al filtración y las consecuencias que puede tener el sistema de inteligencia. Servini, además de haber sumado la columna al expediente, quiere escuchar a Toma. Será vía Zoom los primeros días de febrero próximo.

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