El presidente Alberto Fernández cuestionó el decreto de Mauricio Macri que en 2017 agilizó la expulsión de extranjeros que cometan delitos en Argentina. “Lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena, y esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”, explicó el líder del Frente de Todos desde Israel, país que eligió como primer destino oficial y donde participa de los homenajes a las víctimas del Holocausto.
En esa línea, Fernández recordó que “siempre” estuvo en contra de la medida porque permite actuar sin una condena firme y, por lo tanto, “castiga sólo por la presunción”.
“La Argentina ya tiene un régimen y cuando un extranjero es condenado es susceptible de la expulsión", detalló. Y agregó: “Recordando la persecución que han sufrido muchos pueblos, especialmente en estos días, no parece una buena salida, no parece un buen camino”.
Sin embargo, el Presidente aclaró que hasta ahora no ha hablado del tema con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Aunque adelantó que ambos lo discutirán cuando vuelva a la Argentina.
Entre el 2016 y el 2019 hubo 3.000 extranjeros deportados de la Argentina, el doble que durante el último mandato de Cristina Kirchner.
En marzo del 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani, declaró la “invalidez constitucional” del Decreto 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones.
El gobierno de Macri recurrió el fallo a la Corte Suprema de Justicia, que todavía debe expedirse. En primera instancia, el juez Ernesto Marinelli había fallado en contra de la presentación judicial hecha por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esta semana, el Gobierno habilitó una ronda de consultas con organizaciones de la sociedad y organismos de derechos humanos, encabezados por el CELS, que le acercaron al Gobierno un documento con duros cuestionamientos al decreto de la anterior administración, al que pidieron desechar en forma “urgente” para “preservar los derechos de las personas migrantes”.
En la normativa vigente, cuando los extranjeros infringen las leyes y cometen delitos se dicta las expulsiones. Estas deportaciones se materializan trabajando junto a las fuerzas de seguridad y con la Justicia, para lo cual actúa junto a procuradores, jueces y fiscales. El decreto que firmó Macri había generado una fuerte polémica y críticas de la oposición.
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