Los seis adolescentes del caso Liceo Naval en ‘Maranguita’: ¿qué es el centro donde pasarán 120 días y cómo funciona?

Los seis adolescentes investigados por la presunta violación sexual contra un compañero del Liceo Naval Almirante Guise pasarán los próximos 120 días en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido históricamente como Maranguita: el único establecimiento de su tipo en la capital y el destino que el sistema de justicia juvenil reserva para los casos de mayor gravedad. El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó el internamiento preventivo tras aceptar el pedido de la Fiscalía. No es una cárcel. Pero tampoco es libertad.

¿Qué es ‘Maranguita’ y por qué importa la distinción?

El CJDR Lima —sigla del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima— no forma parte del sistema penitenciario administrado por el Instituto Nacional Penitenciario. Está bajo la supervisión del Poder Judicial y opera con un enfoque socioeducativo y de reinserción social: sus programas combinan técnicas educativas, formativas y de tratamiento diferenciado según el perfil de cada adolescente internado.

La distinción no es menor. Un adolescente que ingresa a Maranguita mantiene su derecho a la educación: puede continuar sus estudios a través de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) que funcionan dentro del establecimiento. Un equipo técnico interdisciplinario realiza evaluaciones periódicas de cada interno durante su permanencia. El objetivo declarado del centro no es el castigo, sino el diagnóstico y la intervención.

Eso no significa que la medida sea liviana. Para los seis adolescentes investigados —estudiantes de quinto de secundaria que el 15 de septiembre viajaban en un bus de regreso de un campeonato interliceos en Surco— los próximos cuatro meses transcurrirán dentro de ese establecimiento, lejos de sus familias y de las aulas del Liceo Naval Almirante Guise, mientras la justicia determina qué ocurrió exactamente en ese vehículo y cuál fue la participación de cada uno.

Internamiento preventivo: una medida cautelar, no una condena

El penalista Javier López Romaní, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, subrayó que la internación preventiva es una herramienta excepcional dentro del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. “Contempla medidas cautelares como la internación preventiva, de uso excepcional, para asegurar los fines de la investigación”, señaló.

Para que el juez la autorice, la Fiscalía debió acreditar tres presupuestos: la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculen al adolescente como autor o partícipe de la infracción; que esa infracción pueda ser sancionada con internación; y un riesgo concreto de que el investigado eluda la justicia u obstaculice las diligencias. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández, a cargo del caso, presentó esos elementos ante el Tercer Juzgado de Familia, que los consideró suficientes.

La medida, además, no es necesariamente definitiva en su forma actual. El propio Código establece que el internamiento preventivo debe aplicarse por el período mínimo necesario y puede ser modificado por el juez por una alternativa menos gravosa si las circunstancias cambian.

El proceso continúa dentro de Maranguita

Que los seis adolescentes estén internados no detiene la investigación: la acompaña. Durante los 120 días, continuarán las diligencias, declaraciones, pericias y evaluaciones necesarias para reconstruir lo sucedido el 15 de septiembre. La víctima, alumno de cuarto año de secundaria, ya declaró mediante cámara Gesell, procedimiento diseñado para recabar el testimonio de menores en casos de violencia sexual sin exponerlos al contacto directo con los presuntos agresores.

Al término del proceso, el juez determinará si existe o no responsabilidad penal para cada investigado. Solo entonces podría imponerse una medida socioeducativa de internación —figura distinta del internamiento preventivo—, cuya duración y naturaleza dependerían de la infracción, las circunstancias individuales y los criterios legales aplicables. La abogada María Elena Portocarrero advirtió que esa eventual medida puede llegar hasta seis años, aunque no tendría por qué ser la misma para todos: la responsabilidad penal juvenil se define de forma individual según el grado de participación que se establezca para cada investigado.

Los padres o responsables legales de los adolescentes forman parte del proceso y deben ser informados de las actuaciones. Los internados tienen derecho a defensa legal y a las garantías del debido proceso. La identidad de todos los menores involucrados —tanto los investigados como la víctima— está protegida por las normas de reserva aplicables a los procesos que involucran adolescentes.

Cómo llegaron seis de diez a Maranguita

La cadena que terminó con seis adolescentes en el CJDR Lima comenzó la noche del 15 de septiembre, cuando la familia del menor presentó la denuncia en la comisaría de San Borja. Al día siguiente, agentes de la Policía Nacional del Perú ingresaron al Liceo Naval e intervinieron a estudiantes de quinto de secundaria que aún vestían el uniforme de educación física. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro retuvo inicialmente a diez adolescentes y luego elevó esa cifra a 10, corrigiendo mediante comunicado oficial la información entregada en un primer momento.

Todos permanecieron en la Comisaría de Familia de Lima Bertha González Posada Eyzaguirre durante las 48 horas de retención. Al vencerse ese plazo, cuatro adolescentes recuperaron su libertad al no ser incluidos en el pedido fiscal. Los seis restantes fueron trasladados al Tercer Juzgado de Familia, en la avenida Abancay, donde el juez aceptó los 120 días de internamiento preventivo. La liberación de los cuatro no los excluye del caso: continúan vinculados a las diligencias fiscales.

Agresión sexual en manada

Mientras los seis adolescentes ingresan a Maranguita, el Liceo Naval Almirante Guise —administrado por la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú— ya adoptó sus primeras medidas internas. A través del Comunicado N.° 004-2026, la institución dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol mientras continúan las investigaciones. “La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa”, afirmó el plantel.

El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó además medidas de protección en favor del menor agraviado: prohibición de contacto por espacios privados o redes sociales, terapias psicológicas obligatorias para los implicados y patrullaje semanal de la comisaría del sector en el domicilio de la víctima.

El caso se inscribe en un escenario de violencia escolar en alza. Según la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, entre enero y agosto de 2026 se registraron 1.198 reportes de violencia sexual entre estudiantes, un incremento de 32,6% frente al promedio del mismo período entre 2023 y 2025. En la jurisdicción de la UGEL 7 San Borja, donde funciona el Liceo Naval, se contabilizaron 763 casos de violencia escolar durante 2026, con un pico de 159 casos en agosto.

Ante situaciones de violencia sexual, la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece orientación gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. Ante emergencias, llamar al 105 de la Policía Nacional del Perú.