Plan de Gobierno de Fuerza Popular 2026-2031: promesas de orden, economía, lucha contra la inseguridad y la corrupción

El Plan de Gobierno 2026–2031 que Fuerza Popular presentó bajo el lema “Perú con Orden” redefine la estrategia de ese partido ante un escenario nacional marcado por la inseguridad, el estancamiento económico y el desencanto ciudadano con el Estado. De la mano de Keiko Fujimori y su equipo, el documento ofrece una hoja de ruta que busca apelar al recuerdo de los noventa, revalorar la experiencia del fujimorismo y posicionar el “orden” como pilar transversal de sus propuestas para los próximos cinco años.

La apuesta es clara: reconstituir la confianza desde medidas de fuerte intervención estatal, innovación tecnológica, énfasis en disciplina fiscal y una perspectiva de mercado social, pero también de mano dura contra la criminalidad y la corrupción. El plan no solo traza un diagnóstico, sino que detalla un repertorio de propuestas de reforma sectorial, indicadores y estrategias de implementación, todo nutrido con evidencia estadística exclusiva y una visión de país al 2031 que pretende distancia de sus rivales políticos.

El lugar del fujimorismo: reivindicación y horizonte

Desde el primer bloque, el documento se ocupa de construir una narrativa que reivindica el papel histórico de Fuerza Popular en la recuperación peruana tras la hiperinflación y el avance del terrorismo en los años noventa. Alberto Fujimori, el fujimorismo y la “decisión política firme” son piezas centrales para explicar el orden y el crecimiento de entonces, en paralelo con el énfasis en la disciplina estatal y el ejemplo de la derrota terrorista.

El plan sostiene que el Perú enfrenta hoy una encrucijada similar: la inseguridad, el desborde del crimen organizado, el deterioro institucional y la parálisis en la inversión han reinstalado la zozobra nacional. Sostiene Keiko Fujimori: “Cuando hay orden, hay futuro”. El documento afirma que el crecimiento del pasado no llegó a todos y admite fallas en el Estado para atender la vida cotidiana de las personas: “Seguimos siendo uno de los países que menos invierte en salud pública y con uno de los índices más bajos de camas hospitalarias por cada mil habitantes en la región”, alerta la candidata. Bajo ese marco autocrítico se esboza la promesa de recomponer el Estado, con apertura a técnicos “de todos los sectores” y la voz de la ciudadanía.

Ejes estratégicos principales del plan

El contenido vertebral del plan descansa en tres ejes, cada uno con líneas de acción y metas concretas:

• Orden: abarca control territorial, fortalecimiento policial, disciplina fiscal, lucha anticorrupción y modernización del sistema judicial y gestión pública, con políticas como la reconstrucción y equipamiento de comisarías, la instalación de un sistema nacional de videovigilancia y programas de prevención para jóvenes en riesgo. Se destaca la meta de reducir la impunidad en robos y asaltos del 90% al 50% hacia 2031, y la promesa de digitalizar el funcionamiento de hasta el 100% de las entidades nacionales y el 70% de las regionales.
• Economía: pone el foco en la diversificación y la mejora de la productividad, con énfasis en micro, pequeñas y medianas empresas (MYPE), reducción de trámites, digitalización masiva, ratificación de la independencia del Banco Central y la defensa de la economía social de mercado. La meta prioritaria es reducir el déficit fiscal al 1% del PBI y digitalizar al menos el 80% de trámites empresariales. Se plantea generar entre USD 5.000 y 7.000 millones adicionales en inversiones privadas cada año, con la consecuente creación de más de 500.000 nuevos empleos formales.
• Social: reúne educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y pensiones. Aquí la meta es reducir la pobreza a 15% en cinco años, sacar a más de un millón de peruanos de esa situación y ampliar la cobertura de programas sociales y acceso a servicios básicos. Se presenta un plan agresivo para cerrar brechas de infraestructura escolar y dotar a todos los colegios priorizados de conectividad y servicios básicos, así como duplicar la cobertura de becas y créditos educativos.

Inseguridad ciudadana y la reforma estatal planteada

Según el diagnóstico, la inseguridad ciudadana es el principal obstáculo para el desarrollo y la inversión, con el 27,1% de peruanos víctimas de delitos urbanos, el 84% percibiéndose inseguro y una tasa nacional de homicidios de 6,74 por cada 100 mil habitantes. El texto detalla que más de 1,7 millones de ciudadanos han sido víctimas de extorsión y que el 82% de los vehículos policiales en comisarías está inoperativo. Además de la precariedad física (el 44% de comisarías sin servicios básicos), enfatiza la falta de interoperabilidad digital y la debilidad institucional (alta rotación política, escasa meritocracia).

El plan plantea una reforma estructural de seguridad: incluye el lanzamiento de una plataforma nacional de denuncias y vigilancia en tiempo real (Perú con Orden), la construcción y modernización de comisarías, el incremento masivo de patrullaje motorizado, el despliegue de drones, la creación de unidades especializadas para enfrentar extorsión a MYPE y el uso de inteligencia artificial para prevenir crimen y detectar sobrecostos en contratos públicos. En el frente judicial, se busca reducir la impunidad en delitos a la mitad, crear mega penales y ampliar el sistema de flagrancia, para sentenciar el 50% de casos en menos de seis meses.

Estrategias de lucha contra la corrupción y transparencia

La lucha contra la corrupción aparece como capítulo prioritario, con datos que exponen la magnitud del problema: el país pierde S/ 24.268 millones al año, el equivalente al 12,7% del gasto público de 2023. La propuesta denuncia la existencia de redes de captura sistemática y propugna extender el control concurrente en el gasto, introducir inteligencia artificial para detectar anomalías en compras estatales, fortalecer la Contraloría y establecer plataformas digitales para que ciudadanos monitoreen obras públicas en tiempo real.

Se plantea, además, la transición hacia una “criptomoneda estatal para transacciones públicas”, una medida inédita en el debate nacional. La meta es reducir en 30% las pérdidas anuales por corrupción y asegurar que el 100% de los contratos y licitaciones sean públicamente accesibles y auditables.

Reforma económica: desregulación y apoyo a MYPE

De acuerdo al plan, la carga regulatoria y la tramitomanía explican hasta 3 puntos del PBI en ineficiencia y retrasos productivos cada año. Bajo ese diagnóstico, promete eliminar 500 procedimientos redundantes, digitalizar el 80% de los trámites empresariales y acelerar proyectos de inversión mediante la digitalización y descentralización de la administración pública. Una meta concreta: atraer cada año USD 5.000 a 7.000 millones adicionales en inversión privada y crear 500.000 empleos formales.

Para las micro y pequeñas empresas, que representan el 99,4% del tejido productivo, el plan articula la propuesta alrededor de la creación de la entidad PROMPYME, la apertura electrónica instantánea de negocios, incentivos fiscales y crediticios diferenciados para jóvenes y mujeres, financiamiento semilla y plataformas de comercio digital. Se fija como meta elevar al 60% la formalidad de las MYPE y asegurar que al menos el 40% accedan a crédito productivo, así como aumentar en 25% su productividad promedio.

Sectores productivos, conectividad y sostenibilidad

En minería, el plan sitúa la presión tributaria sobre el sector en 47% de las utilidades y reconoce retrasos de hasta 7-10 años en la puesta en marcha de nuevos proyectos. Propone digitalizar totalmente los trámites mineros, crear un fondo nacional de innovación para pequeña minería y una política de reparto directo del 40% del canon minero entre la población de las zonas extractivas, con control comunitario. Para el agro, la prioridad es duplicar el área con riego tecnificado (del 34% al 60%), modernizar caminos rurales, crear polos logísticos y aumentar la productividad agrícola en 30%.

En energía, revela que el 75% del diésel consumido es importado y propone reducir esa dependencia al 50%, duplicar la proporción de energías renovables en la matriz (del 6% al 20%) y conseguir cobertura eléctrica total, con énfasis en la Amazonía y la sierra. En telecomunicaciones, apunta a la digitalización y el acceso universal a internet, con una meta del 90% de cobertura en todos los distritos.

Políticas sociales, educación, salud y vivienda

Dentro del ámbito social, Fuerza Popular resalta las brechas en salud, educación y vivienda. La meta oficial: reducir la pobreza a 15% al término de su gestión. Señala que más de 3,5 millones de peruanos no cuentan con agua potable y 6,4 millones carecen de alcantarillado, mientras que tres de cada diez escuelas carecen de servicios básicos.

En educación, el plan menciona un déficit en infraestructura escolar de S/ 158.832 millones y tasas de deserción crecientes. Propone construir 3.000 colegios, garantizar acceso a tablets con internet para todos los estudiantes y fortalecer la formación docente, centrando el enfoque en competencias digitales e inteligencia artificial. En salud, el énfasis está en la reforma del primer nivel (más de 8.000 establecimientos, el 60% en condiciones inadecuadas), la digitalización de historias clínicas y la expansión de atención domiciliaria y campañas preventivas. El objetivo: bajar la anemia infantil al 20% y acortar los tiempos de espera en hospitales.

Para favorecer a la primera infancia y juventudes, el plan busca triplicar la cobertura de programas alimentarios, establecer capital semilla para jóvenes emprendedores y crear centros de orientación juvenil, junto a iniciativas como un seguro oncológico para universitarios, líneas 24/7 en salud mental y reformas al sistema de becas y créditos educativos.

En pensiones, la propuesta incrementa a S/ 700 bimestrales la “Pensión 65”, prevé preinscribir automáticamente a la población objetivo y simplificar trámites mediante ventanillas digitales y pagos electrónicos.

Infraestructura, vivienda y sostenibilidad ambiental

El plan prevé la construcción de 1,25 millones de viviendas nuevas y la digitalización de títulos de un millón de predios urbanos. Para agua y saneamiento, promete cobertura total hacia 2031, elevar el reúso de aguas residuales a 55% y digitalizar los mecanismos de control. Incluye una estrategia urbana de formalización de la propiedad y asistencia técnica para autoconstrucción segura, además de la integración de catastros en una plataforma nacional.

En sostenibilidad, las metas apuntan a reducir en 50% la deforestación ilegal en la Amazonía y valorizar el 40% de residuos urbanos, con incentivos tributarios para empresas verdes y fondos específicos.

Financiación, estructura y mecanismos de control

La propuesta sustenta su viabilidad en una proyección de crecimiento: PBI de USD 350 mil millones y expansión de hasta 6% para 2031. Se priorizan las Asociaciones Público-Privadas, Obras por Impuestos y Prioridad Fiscal. También se anticipa la opción de elevar la deuda pública hasta en un punto adicional del PBI, con foco en inversión productiva y el fortalecimiento de la recaudación por reducción de la informalidad y ampliación de la base tributaria. Minería, agroexportación y turismo figuran como motores fiscales.

En materia de control, el esquema prevé una robusta rendición de cuentas, con informes semestrales públicos, plataformas de seguimiento ciudadano y la obligación de reportar el avance de metas mediante datos abiertos.

Indicadores clave y datos diferenciales

Diversos datos y diagnósticos exclusivos aparecen en el plan de Keiko Fujimori para un eventual gobierno, así como en su diagnóstico previo a las elecciones 2026: solo el 28,4% de las micro y pequeñas empresas accede a créditos formales y más del 80% de las microempresas opera en la informalidad.

El costo de la corrupción e inconducta funcional alcanzó los S/ 24.268 millones en 2023, mientras que solo el 6% de la matriz energética proviene de fuentes renovables. El déficit de infraestructura educativa supera los S/ 158.800 millones.

Además, el 44% de las comisarías opera sin servicios básicos y el 82% de los vehículos policiales no funciona. La pobreza afecta al 29% de la población, la anemia infantil al 43,1% y solo el 35% de los adultos mayores accede a un sistema de pensión.

La visión al 2031

La visión de Fuerza Popular se resume en “un Perú con Orden y sin corrupción, con instituciones sólidas, reglas claras y autoridades que rinden cuentas”. Las metas verificables y el énfasis en plataformas digitales, transparencia y participación ciudadana distinguen esta propuesta respecto a versiones anteriores. El documento reitera que el crecimiento, la eficacia estatal y el bienestar social solamente son posibles con la restauración del orden.

Fuerza Popular sintetiza su propuesta política: “el objetivo es claro: alcanzar un Perú con fuerza, donde el orden sea el punto de partida para vivir con dignidad, trabajar con libertad, emprender con esperanza e invertir con confianza”.

Plan de gobierno de Fuerza Popular