El plan de gobierno 2026-2031 de Alianza para el Progreso (APP) revela una ambición inédita en la política peruana: transformar la organización del Estado y el funcionamiento de las instituciones con metas numéricas detalladas para cada etapa del quinquenio. El partido presenta un sistema integral de indicadores y metas verificables para medir el avance de cada una de sus estrategias, desde la reducción de ministerios hasta el combate a la corrupción, la digitalización total del Estado y el desarrollo territorial.
El documento apuesta por un equilibrio peculiar: más inversión privada sin relegar la justicia social, en un contexto de fuerte descrédito institucional y cansancio con la fragmentación política.
APP identifica el 2026 como un punto de inflexión para el país. Basado en el diagnóstico de que el principal obstáculo para el desarrollo no es la falta de recursos, sino la debilidad institucional y la dispersión administrativa, el plan propone una “revolución para el progreso popular” donde el Estado sea funcional, transparente y capaz de garantizar derechos básicos. La acción política se organiza en cuatro ejes —institucional, económico, social y territorial— y cada uno tiene prioridades, indicadores y metas definidas para cada año de gobierno.
Rediseño radical del Gobierno y foco anticorrupción
El eje institucional plantea una reforma profunda. APP se compromete a reducir el número de ministerios de 19 a 10, fusionando y extinguiendo entidades para eliminar “duplicidades y compartimentos estancos”. El Centro de Gobierno (CdG) absorberá funciones de planificación estratégica y las oficinas desconcentradas ejecutarán las políticas en territorio, con el objetivo de acercar la administración central a las regiones y simplificar la gestión.
La meta es clara: que el 90% de los ministerios se reorganice bajo la nueva estructura para 2031. Según el indicador “índice de Desfragmentación del Poder Ejecutivo”, el plan espera escalar de un nivel inicial de 32 a 90 en cinco años, reflejando la reducción de entidades redundantes.
En el capítulo anticorrupción, el documento apuesta por la tecnología y la cooperación institucional. APP promete la introducción masiva de inteligencia artificial en la fiscalización de contrataciones públicas, sistemas de monitoreo automático y algoritmos para la detección de riesgos. Se aspira a que el 90% de los procesos de contratación pública sea vigilado por IA para 2031, con una reducción drástica en el monto adjudicado a proveedores impedidos: de S/280 millones a solo S/30 millones. Los compromisos incluyen la ampliación de los plazos de prescripción para perseguir delitos, reformas para sanción administrativa y penal efectiva, y la coordinación entre fiscalía, policía, contraloría y el sistema de inteligencia.
El plan sostiene: “La implementación de sistemas de IA en la lucha anticorrupción ha demostrado resultados significativos en múltiples países, transformando la capacidad de detección, análisis y prevención de casos corruptos”.
El uso de algoritmos y big data, según la propuesta, permitirá “detectar patrones sospechosos como licitaciones recurrentes a las mismas empresas, sobreprecios o contratos a medida”.
Metas en seguridad y justicia: reducción de delitos y modernización del sistema
La estrategia en seguridad ciudadana prioriza la reducción de delitos violentos —especialmente homicidios y extorsiones— y articula la política de seguridad al rediseño del Estado. El plan establece metas medibles: reducción de la tasa nacional de extorsión de 38 a 18 casos por 100 mil habitantes, disminución del tiempo de respuesta policial urbana de 22 a 7 minutos al cierre del periodo, y una cobertura del 80% de comisarías con herramientas de analítica predictiva apoyadas en inteligencia artificial y análisis de datos.
En paralelo, la reforma de la justicia propone eliminar provisionalidades para fiscales y jueces, profesionalización en el reclutamiento y mecanismos para impedir procesos judiciales inconducentes, como la exigencia de fianzas para iniciar litigios (excluyendo a los más pobres). Entre los objetivos, se busca que la cantidad de fiscales provisionales baje del 57% al 15% y que el 95% de las resoluciones judiciales se emita digitalmente en 2031.
El documento resume la visión buscada para la justicia en un sistema que “promueva la especialización, incorpore el análisis de demanda y gestione la carrera sobre mérito y conocimiento, eliminando los incentivos perversos actuales”.
Impulso económico, formalización y metas de inversión
El eje económico marca diferencia tanto en su enfoque pro-mercado como en su precisión cuantitativa. APP busca un crecimiento del PBI de al menos 5% anual en los últimos tres años de gobierno, reducir la tasa de informalidad laboral del 72% al 50%, y aumentar la cantidad de empresas formales que acceden al régimen promotor de cero a 180 mil en cinco años.
La meta de atracción de inversiones destaca: adjudicar hasta USD 80 mil millones en Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos durante el quinquenio, con indicadores de avance y grados de cumplimiento de portafolio priorizado. Se plantea una revisión normativa para permitir inversiones extranjeras en zonas urbanas fronterizas, fortalecer la formalización de micro y pequeñas empresas (MYPE), y ofrecer beneficios tributarios y sociales inmediatos para quienes se formalicen.
En agroexportación, minería y energía, APP se propone triplicar las exportaciones agrarias no tradicionales, sumar 1 millón de hectáreas y crear 2 millones de empleos en el segmento agroindustrial. Para minería, apunta a reactivar más de 60 proyectos hoy paralizados y elevar la inversión anual ejecutada en minería a USD 9.500 millones. Además, el hallazgo en el Lote Z-62 podría permitir —si se confirman reservas viables— que el PBI del sector hidrocarburos se duplique.
Tecnología y digitalización: un nuevo modelo bajo conducción centralizada
Uno de los puntos centrales del documento es la creación del “Zar de Tecnología e Infraestructura Digital”, encargado de centralizar la aprobación y ejecución de todas las compras, innovaciones y medidas de ciberseguridad estatales. El modelo toma como referencias a Estonia, Singapur e Israel, con el objetivo de unir eficiencia digital e innovación garantizando salvaguardas democráticas y transparencia, distanciándose de la experiencia china.
Para 2031, se espera que todos los servicios estatales clave sean 100% digitales, exista una identidad digital unificada y el despliegue de tecnologías como 5G, fibra óptica y sistemas de nube híbrida alcance la totalidad del país. Las metas incluyen que el 98% de las escuelas disponga de banda ancha, el 80% de los hogares tenga conexión y que el tiempo promedio de interrupciones en el Estado baje a menos de 3 horas mensuales.
El documento enfatiza: “La transformación integral que combinamos —detalla el documento— garantiza eficiencia del Estado, seguridad ciudadana y desarrollo tecnológico bajo la conducción centralizada del Zar”.
Impacto territorial y social: obras públicas, vivienda, salud y educación
El plan establece metas para la construcción de 1,25 millones de viviendas nuevas, reducción de la brecha de agua y saneamiento al 10% de los hogares, y disminución de la informalidad de los mercados de abasto al 35%. Busca cobertura de aseguramiento en salud casi universal y que el abastecimiento esencial de medicamentos alcance al 95% de los establecimientos. En educación, el objetivo es que el 55% de los estudiantes logre niveles satisfactorios de comprensión lectora al final del periodo, con 95% de conectividad digital en escuelas públicas.
En materia territorial, APP impulsa un portafolio nacional de 72 proyectos de infraestructura alineados a cadenas productivas y corredores logísticos, con una inversión de S/143 mil millones y metas anuales para el avance, tanto físico como financiero. Promueve la mancomunidad regional, zonas económicas especiales y parques industriales junto con una descentralización efectiva, todo bajo métricas estrictas de gobernanza y productividad.
Con más de 300 indicadores y metas temporales, el plan promete control estricto y transparencia en la política pública, comprometiéndose a publicar informes semestrales de rendición de cuentas.
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