¿Blindaje? La Comisión de Ética del Congreso tiene en agenda para este lunes evaluar la suspensión de tres denuncias contra el presidente José María Balcázar, iniciadas cuando aún se desempeñaba como parlamentario.
Las acusaciones están comprendidas en los expedientes N.° 254, 255 y 259-2025-2026/CEPCR. Una de ellas aborda las polémicas declaraciones que dio en defensa del matrimonio infantil.
Las otras denuncias están relacionadas con el presunto impulso de una ley, cuando ejercía la presidencia de la Comisión de Educación, que habría beneficiado a su hijo, así como con la recomendación de una persona para un puesto en el sector público.
Como es el procedimiento habitual, el informe que recomienda suspender las denuncias contra José María Balcázar deberá someterse a votación. El Comercio recogió las declaraciones del vicepresidente del grupo de trabajo, Alex Paredes, quien indicó que, tal como establece el reglamento interno del Congreso, los legisladores cuentan con un plazo de 24 horas para evaluar la documentación. La sesión esta programada para las 4:00 de la tarde, en la sala Martha Hildebrandt y a través de la plataforma virtual Microsoft Teams.
La Comisión de Ética tiene la facultad de investigar denuncias contra congresistas y plantear sanciones o su archivo. No obstante, en los últimos meses el grupo de trabajo ha sido cuestionado por las decisiones que adopta respecto a las faltas de algunos parlamentarios.
Incluso, uno de sus expresidentes, el congresista Diego Bazán, planteó la posibilidad de que sea un grupo de trabajo integrado por miembros ajenos al Congreso el que investigue y vote estas denuncias.
En el caso de Balcázar, la decisión de suspender o retrasar los procesos podría prolongar aún más el tiempo para resolver presuntas faltas éticas.
Los otros procesos de Balcázar
El presidente José María Balcázar inició su gestión bajo cuestionamientos vinculados a investigaciones previas que hoy vuelven a tomar relevancia. A menos de una semana de haber asumido el cargo, enfrenta un proceso por presunto desfalco durante su etapa como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).
La investigación está relacionada con el presunto delito de apropiación ilícita común. Según las imputaciones, Balcázar habría habilitado una cuenta personal para recibir pagos de los agremiados, luego de que la cuenta institucional fuera bloqueada en medio de conflictos internos. Además, se le atribuye no haber registrado dichos ingresos ni haber rendido cuentas sobre su administración.
Estos hechos motivaron su expulsión del ICAL y dieron origen a la denuncia penal. El caso, que se remonta a 2019, se encuentra en una etapa avanzada y contempla nuevas diligencias, entre ellas la participación de un perito contable que evaluará los movimientos financieros. También se prevé la declaración de un representante del colegio profesional y de cinco testigos.
El proceso ha cobrado mayor atención debido a que Balcázar deberá acudir a Lambayeque para rendir su declaración. La citación fue emitida en septiembre del año pasado y su eventual inasistencia podría derivar en que sea declarado reo contumaz. Este escenario añade presión a su reciente gestión, que ya enfrenta el escrutinio público por estos antecedentes.
Denuncia constitucional y antecedentes en el sistema de justicia
A este caso se suma una denuncia constitucional que involucra a Balcázar en el marco del denominado caso Valquiria. Según declaraciones de Delia Espinoza, la investigación está vinculada a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y a presuntos intercambios de favores.
La carpeta fiscal N.° 1228-2023 plantea la existencia de una presunta red de corrupción y tráfico de influencias dentro del sistema de justicia. De acuerdo con la tesis fiscal, esta estructura habría buscado influir en decisiones fiscales y judiciales para beneficiar a determinados actores.
En este contexto, se investiga a Balcázar por su actuación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La hipótesis señala que habría emitido su voto a cambio de beneficios, entre ellos la designación de su nuera en el Ministerio Público. El propio mandatario reconoció haber entregado el currículum de la postulante a un exasesor de la entonces fiscal de la Nación.
Este caso se entrelaza con decisiones políticas recientes. Durante la votación en el Pleno del Congreso que terminó con la inhabilitación de Espinoza, quien presentó la denuncia, Balcázar votó a favor de esa medida.
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