El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) luego de la filtración de fotografías tomadas durante una requisa en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde diciembre de 2022. La acción legal, interpuesta por su abogado Walter Ayala, se dirige específicamente contra el director de Seguridad del INPE, Henry García Malpartida, y la presidenta del organismo, Shadia Elizabeth Valdez Tejada.
El documento, ingresado el 10 de febrero de 2026 ante la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, sostiene que la difusión de imágenes del espacio privado de el expresidente constituye abuso de autoridad, violación de la intimidad, revelación de información reservada e incumplimiento de deberes funcionales. El escrito enfatiza que la filtración vulnera lo dispuesto en el artículo 2, inciso 7, de la Constitución Política del Perú y la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733), exponiendo al interno a juicios mediáticos y estigmatización.
El exmandatario, condenado a 11 años de cárcel por el delito de conspiración de rebelión, argumenta que la toma y posterior divulgación de fotografías de su celda, en las que se observan objetos personales y las condiciones de su entorno de reclusión, se realizó sin consentimiento y con el único propósito de desviar la atención pública.
Como parte del proceso, solicita que se cite a declarar a los directores y periodistas de los medios que difundieron las imágenes, entre ellos El Comercio y Trome, por presunta obtención y uso de información privilegiada.
A través de X, su abogado Walter Ayala escribió: “basta ya de denigrar la dignidad humana”, subrayando que el caso representa una intromisión grave en la vida privada de los internos y una instrumentalización mediática de los procedimientos penitenciarios. La denuncia, de ocho folios, exige la identificación de todos los funcionarios que participaron en la filtración y la determinación de la cadena de mando responsable.
Martín Vizcarra y Ollanta Humala también iniciaron acciones
La denuncia refuerza la ola de cuestionamientos iniciada por los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra, quienes también impulsaron acciones legales y administrativas tras la filtración de imágenes tomadas durante una serie de requisas en el penal de Barbadillo. El fundador del Partido Nacionalista, exigió explicaciones detalladas al INPE sobre la toma y difusión de fotografías, mientras que el exlíder de Perú Primero presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Este, alegando abuso de autoridad y violación del derecho fundamental a la intimidad.
De acuerdo con la defensa de Vizcarra, el primer operativo se realizó el sábado por la noche y concluyó sin hallazgos irregulares, ya que todos los objetos presentes en las celdas contaban con autorización. Sin embargo, horas después, el director general de Seguridad del INPE, Henry García Malpartida, ordenó una segunda requisa.
La controversia se originó tras la publicación, entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, de imágenes captadas durante inspecciones realizadas por el personal del penal de Barbadillo. Según el reporte oficial del INPE, en la celda de Pedro Castillo se hallaron un televisor, una bicicleta estática, una radio, una refrigeradora y una cocina completamente implementada, artículos considerados “privilegios” que, de acuerdo con el reglamento, solo pueden autorizarse para uso colectivo.
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