Fuerzas Armadas incautan armas de guerra y explosivos a mafia minera en Pataz

Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú permitió desarticular una organización criminal vinculada a la minería ilegal en el centro poblado Pueblo Nuevo, ubicado en la provincia de Pataz, región La Libertad.

La intervención, denominada ‘Operación Centauro’, se realizó en la madrugada y concluyó con la incautación de armas de guerra y explosivos, según informó el Comando Operacional del Norte.

La información presentada por el Comando indica que los agentes ingresaron a una bocamina situada en la quebrada La Porfilia, identificada como centro de operaciones del grupo delictivo. Ambas fuentes precisaron que la operación fue resultado de tareas de inteligencia que detectaron delitos como extorsión, sicariato, tráfico de armas, tráfico de explosivos y robo de mineral.

La acción fue coordinada por el Comando Unificado Pataz, instancia que agrupa personal militar y policial bajo directrices del sector Defensa para enfrentar amenazas a la seguridad y proteger la minería formal en la región. Durante el operativo se decomisaron un fusil FAL, un fusil Galil, dos fusiles R15, 25 cartuchos explosivos FAMESA Emulador 3000, 26 cartuchos explosivos FAMESA Emulador 5000 y 22 mechas lentas de 1,5 metros con fulminantes.

El volumen y tipo de material incautado, que incluye armas de guerra y explosivos industriales, evidencian el nivel de peligrosidad de la organización y su impacto sobre la población y la economía formal de Pataz. NoticiasTrujillo.pe destacó que esta acción “reduce significativamente la capacidad letal y logística de los grupos criminales”, lo que debilita los medios necesarios para operar en la zona.

Para ambas fuentes, la intervención afecta de manera directa a las estructuras criminales que buscan imponer violencia y desafiar la ley en esta provincia andina. La Operación Centauro refuerza la presencia estatal y representa un avance para resguardar a los habitantes y restablecer el orden interno en una zona golpeada por la minería ilegal.

El Comando Operacional del Norte adelantó que mantendrá acciones estratégicas similares y subrayó que estas operaciones continuarán bajo el marco legal y el respeto a los derechos humanos, con el objetivo de consolidar la seguridad y la presencia del Estado en Pataz.

Nuevo decreto endurece penas por minería ilegal

El Gobierno dio un nuevo paso en la lucha contra la minería ilegal con la aprobación del Decreto Legislativo 1695. La norma eleva las penas y amplía el alcance del delito, pero, según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), sus efectos serán limitados si no se enfrentan los vacíos institucionales, presupuestales y de control que sostienen esta economía criminal en distintas regiones del país.

De acuerdo con el análisis del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), la norma modifica tres artículos del Código Penal —el 307-A, 307-E y 307-F— e introduce cambios relevantes en el régimen penal. Entre ellos,incrementa las penas y amplía el tipo penalpara incluir actividades conexas como el procesamiento, el beneficio y el tráfico ilícito de recursos minerales.

Para el OMI, el decreto reconoce de manera expresa a la minería ilegal como una forma de crimen organizado, lo que permite fortalecer su persecución penal y dotar al Estado de mayores herramientas para investigar a las redes criminales que operan detrás de esta actividad.

Si bien el colectivo reconoce los avances normativos, advierte que el decreto no aborda los factores de fondo que explican la expansión de la minería ilegal. En ese sentido, señala que la norma refuerza el “brazo penal” del Estado, pero no resuelve los problemas estructurales que sostienen esta economía ilícita.

César Ipenza, vocero del OMI, explicó que uno de los principales aportes del decreto es la ampliación del tipo penal a actividades que antes quedaban en “zonas grises”, como el transporte y el tráfico ilícito de minerales. Sin embargo, subrayó que estos cambios, por sí solos, no garantizan resultados efectivos.