Las recientes declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui ponen nuevamente en el centro del debate público la situación de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en el Perú.
La legisladora afirmó que una Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) derivó al menos 150 adolescentes embarazadas o con hijos al refugio privado Casa del Padre, fundado por ella, un hecho que ocurre en medio de denuncias por presunta vulneración de derechos fundamentales y revictimización institucional.
Derivación de adolescentes gestantes desde el sistema de protección
En entrevista con el programa Siempre a las ocho, conducido por Milagros Leiva, Jáuregui sostuvo que fue la propia UPE —órgano del MIMP encargado de la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o riesgo— la que trasladó a las menores al refugio.
“La UPE es la que nos entrega a las adolescentes (…) fue la que empezó a enviarnos a las chicas que llegaban abandonadas, rescatadas por la policía”, señaló la congresista.
Al ser consultada sobre si las adolescentes llegaban ya embarazadas, respondió afirmativamente. “Sí. Inclusive guardaba algunas chicas que ya tenían bebés”. Según precisó, a lo largo de los años habrían llegado “unas ciento cincuenta jóvenes”.
Embarazo forzado y derechos de niñas víctimas de violencia sexual
En la previa, diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que en el refugio Casa del Padre se habría inducido a niñas víctimas de violación a continuar embarazos forzados, lo que vulnera su derecho a la salud, a una vida libre de violencia y a recibir atención integral.
Especialistas y colectivos feministas recuerdan que el embarazo en niñas y adolescentes no es una elección libre, sino una consecuencia directa de la violencia sexual, y que forzarlas a la maternidad constituye una forma de violencia institucional. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, por su parte, señaló que negar el acceso al aborto terapéutico en estos casos puede equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Denuncia penal e intervención del Ministerio de la Mujer
Tras la difusión de imágenes y testimonios, el Ministerio Público recibió una denuncia penal presentada por la activista Gahela Contreras, en la que se acusa a Jáuregui de haber abusado de su posición para obstaculizar el acceso al aborto legal y exponer públicamente a niñas víctimas de violencia sexual.
La denuncia solicita la apertura de una investigación preliminar, que incluya la inspección del refugio, evaluaciones psicológicas a las menores y la identificación de posibles vulneraciones a la normativa nacional e internacional de protección infantil.
En paralelo, el MIMP anunció una intervención inmediata al refugio Casa del Padre, precisando que evaluará si cumple con los estándares de protección integral y reiterando que se trata de una institución privada. La cartera señaló que ninguna iniciativa particular puede sustituir las obligaciones del Estado ni justificar prácticas que afecten el interés superior del niño.
Exposición pública y revictimización
Uno de los puntos más cuestionados es la difusión de imágenes en redes sociales donde niñas —algunas de entre diez y trece años— aparecen en actos públicos junto a la congresista, cargando a sus hijos. Estas exposiciones han sido calificadas como revictimizantes por la opinión pública.
La organización Flora Tristán denunció que estas prácticas evidencian una grave indolencia frente al sufrimiento de niñas violentadas sexualmente, mientras que la Red de Sobrevivientes Perú alertó sobre posibles formas de violencia psicológica y simbólica ejercidas en un entorno de fe que refuerza la maternidad como único destino posible.
Las declaraciones de Milagros Jáuregui no solo comprometen la actuación de un refugio privado, sino que abren interrogantes sobre el rol del Estado en la protección efectiva de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, la supervisión de las UPE y la garantía de derechos sexuales y reproductivos.
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